Ante el alarmante aumento en los casos de despojo, en el que incluso podría estar involucrado el crimen organizado, la diputada federal Dionicia Vázquez propuso incluir este delito en el catálogo de prisión oficiosa.

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La legisladora de Morena consideró que es indispensable sancionar con rigor este delito para prevenir la reincidencia, evitar dilaciones indebidas y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas afectadas.

Por ello, presentó una iniciativa para reformar el artículo 19 de la Constitución Política para incluir el delito de despojo dentro de los casos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

En este contexto, detalló que grave situación de inseguridad patrimonial que enfrenta un amplio sector de la población, en especial personas mayores, familias en condición de vulnerabilidad y comunidades desplazadas.

Además, el carácter sistemático y violento del despojo, así como su alta tasa de impunidad, justifican plenamente esta medida que permitirá que los responsables no evadan la acción de la justicia mediante prácticas dilatorias, intimidaciones o reincidencia, y contribuirá a restablecer la confianza ciudadana en el Estado de derecho, subraya.

Explica que el delito de despojo consiste en la ocupación ilegal y generalmente violenta de bienes inmuebles ajenos, siendo el Estado de México y la Ciudad de México las entidades con el índice más alto en ese delito, concentrando más del treinta por ciento de las denuncias.

El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, menciona que este fenómeno, lejos de ser un problema local, se convierte en una crisis nacional de desplazamiento forzado y violencia patrimonial, en la que frecuentemente se encuentran indicios de corrupción y colusión de autoridades.

“Estudios recientes manifiestan que en uno de cada diez municipios del país existe una relación directa entre el aumento de denuncias por despojo y el incremento de homicidios“, precisó.

También, dijo, esta actividad criminal afecta no solo el derecho de propiedad, sino también el derecho humano a la vivienda, a la seguridad jurídica y al libre disfrute de los bienes.

La prisión preventiva oficiosa es una medida que permite que un juez ordene, de forma automática, la prisión de una persona acusada de un delito determinado, sin necesidad de una investigación individual. El artículo 19 de la Constitución establece los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

En el pasado, la Cámara de Diputados ha aprobado reformas para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como en el caso de extorsión, actividades relacionadas con drogas sintéticas y contrabando.

Sin embargo, también ha sido objeto de debate en México, con argumentos a favor y en contra de su aplicación. Algunos argumentan que la prisión preventiva oficiosa viola el principio de presunción de inocencia y abre la posibilidad de que se aplique de manera indiscriminada.