La jefa de Gobierno presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica para sancionar con 36 horas de arresto a quienes exigen pagos por permitir estacionarse; incluye medidas penales, alternativas laborales y campaña informativa.

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa con la que se pretende inhibir los cobros excesivos o intentos de extorsión por parte de personas conocidas como franeleros, que apartan espacios en la vía pública o exigen pagos a quienes se estacionan y, la iniciativa será enviada al Congreso de la Ciudad de México para su discusión y, en su caso, aprobación.

Hasta ahora, estas conductas eran consideradas faltas cívicas sancionables con una multa de hasta mil 500 pesos o trabajo comunitario, ahora, con la reforma, quienes incurran en esta conducta serán sancionados con 36 horas de arresto inconmutable, lo que significa que no podrá ser sustituida por multa ni por trabajo comunitario.

“Además, en caso de que la persona amague, intente extorsionar o condicione el pago, será presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.”

Clara Brugada aclaró que la intención de esta iniciativa no es acabar con esta actividad, sino regularla de forma que no represente una afectación para la ciudadanía.

Aclaró que, si una persona da una propina voluntariamente, sin que se le imponga una cuota, eso no constituye una infracción, ya que, aseguró, el problema radica en condicionar el uso del espacio público mediante cobros obligatorios. Señaló que no se trata de imponer sanciones a quienes ofrecen apoyo de manera voluntaria, sino a quienes condicionan el uso del espacio público a una cuota fija, lo cual no está permitido”, aclaró Brugada Molina al afirmar que la medida no busca criminalizar la actividad, sino evitar que se convierta en una forma de control ilegal sobre el espacio público.

En este contexto, anunció que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México presentará más adelante un programa especial para ofrecer alternativas laborales a las personas que actualmente se desempeñan como franeleros.

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Como parte de esta estrategia, el gobierno capitalino realiza un censo para conocer cuántas personas se dedican a esta actividad y en qué zonas, a fin de diseñar los apoyos laborales de forma efectiva, ya que el objetivo, explicó, es brindar opciones de empleo formal y contribuir a la reducción de esta práctica en las calles.

Reforma legal y artículos modificados

Durante la conferencia, la consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, detalló las modificaciones legales.

La iniciativa reforma los siguientes artículos de la Ley de Cultura Cívica:

Artículo 3º, fracción trigésimo-novena: se define “vía pública” como todo espacio destinado al tránsito de personas, peatones y vehículos, así como a la prestación de servicios públicos e instalación de infraestructura.

Artículo 28 bis: se especifican infracciones especiales sobre seguridad ciudadana, particularmente vinculadas al uso indebido de la vía pública:

• Apartar espacios de estacionamiento con cualquier objeto.
• Obstaculizar el uso del espacio público para estacionarse.
• Exigir, coaccionar o intimidar a una persona para obtener un pago por vigilar, estacionar, cuidar, lavar o asear vehículos.

Artículo 31: se incorpora la infracción tipo “F”, que establece la sanción de 36 horas de arresto inconmutable.

Artículo 32: se aclaran los supuestos para aplicar esta infracción, incluyendo la reincidencia.

La consejera destacó que estas conductas también podrán ser vinculadas al Código Penal si trascienden al ámbito delictivo:

• Artículo 148 Quáter: extorsión
• Artículo 209: amenazas
• Artículo 224: robo y robo de autopartes
• Artículo 130: lesiones que tarden más de 15 días en sanar

Aplicación operativa y mecanismos

En caso de que la persona infractora incurra en amenazas, extorsión, coacción violenta o cualquier conducta que pueda constituir un delito, será presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para su procesamiento penal, de acuerdo con lo estipulado en el Código Penal local.

El Gobierno capitalino informó que los elementos policiales podrán actuar de manera oficiosa, es decir, sin necesidad de una denuncia previa, ya sea por flagrancia o por señalamiento directo de la ciudadanía. El caso se presentará ante el Juzgado Cívico, donde se evaluará la conducta y, si corresponde, se aplicará la infracción tipo “F”.

“Sucede que acudían al Juzgado Cívico, pagaban la multa y regresaban a hacer lo mismo. Ahora la puerta giratoria se cierra“, recordó Brugada Molina.

La reincidencia no modificará la condición de inconmutabilidad. Durante el período de arresto, se proporcionará información sobre programas de empleo, capacitación e inclusión productiva.

Campaña ciudadana y concertación con alcaldías

Como parte del plan, se lanzará una campaña con el lema “El espacio público es de todas y todos“, que informará a la población sobre las conductas sancionadas, las vías de denuncia y el número telefónico habilitado. Se contempla difusión específica en zonas de mayor incidencia.

Brugada Molina recalcó que no se aplicarán operativos masivos ni acciones coercitivas indiscriminadas. En su lugar, se trabajará mediante concertación directa con los grupos de cuidadores informales y con las alcaldías, a fin de ordenar el uso de la vía pública.

“Nuestro mensaje es firme: no vamos a permitir que el abuso ni la ilegalidad se normalicen en las calles. Vamos a construir una ciudad de paz e igualdad atendiendo las causas”, concluyó.

La iniciativa será enviada al Congreso de la Ciudad de México para su discusión y, en su caso, aprobación. De forma paralela, se presentará la política pública que la acompañará, con acciones laborales, sociales y de fortalecimiento comunitario.