Foto: Arte en Canva Quien realice tala ilegal, desmonte o destruya de árboles sin autorización podría enfrentar penas de uno a veinte años de prisión y multas de tres mil a veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, según una iniciativa que propone endurecer las sanciones por delitos ambientales y frenar la explotación irregular de los recursos forestales.
La propuesta fue presentada por el diputado Adrián González Naveda, del Partido del Trabajo, y contempla reformas al Código Penal Federal y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para ampliar los supuestos de responsabilidad penal, hacer obligatoria la reparación del daño ambiental e implementar un Padrón Nacional de Áreas Verdes, Áreas de Donación y Superficies Forestales Protegidas.
El planteamiento eleva las sanciones actuales, que van de seis meses a nueve años de prisión, y extiende el castigo a quienes excedan el volumen, superficie o especies autorizadas en sus permisos, alteren o falsifiquen documentos vinculados con el aprovechamiento forestal o realicen construcciones irregulares en zonas naturales.
La iniciativa, que fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y dictamen propone que cuando los delitos se cometan en Áreas Naturales Protegidas, áreas verdes o de donación, involucren especies endémicas o en riesgo o provoque la pérdida de más de una hectárea de superficie forestal, las penas se incrementarán en una mitad.
En esos casos, la reparación del daño ambiental será obligatoria, imprescriptible y deberá incluir la reforestación con especies nativas de la región.
El proyecto prevé además que los jueces ordenen la restauración de las superficies afectadas a cargo del responsable y su inhabilitación de cinco a diez años para participar en actividades forestales o en el comercio de madera.
También otorga a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la facultad de presentar denuncias penales inmediatas ante el Ministerio Público Federal por cualquier acto de tala ilegal detectado, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes.
En la exposición de motivos, González Naveda advierte que una de las principales formas de operación de la tala ilegal es el blanqueo de permisos mediante documentos emitidos por ejidos o con sellos de la Comisión Nacional Forestal, con los que se legalizan volúmenes de madera superiores a los autorizados.
Señala además la complicidad de comisariados ejidales que gestionan permisos para justificar desmontes, así como prácticas de corrupción entre elementos policiacos.
El diputado considera que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente carece de capacidad real para judicializar los casos, ya que, aun con detenciones en flagrancia, los delitos suelen reclasificarse como faltas administrativas y los detenidos o vehículos asegurados son liberados en pocos días por deficiencias en los informes policiales.
