La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia electoral genera un riesgo alto, pues favorece a Morena al reducir el financiamiento público y el tiempo de radio y TV, permitir la intervención de partidos y gobiernos para promover consultas populares y autorizar que los gobiernos se promuevan durante campañas, advirtió la consultoría Integralia.

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Además, apuntó que, de acuerdo con la misma iniciativa, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales deberán modificar las leyes secundarias a más tardar el 15 de mayo de 2026; plazo que sugiere que la aprobación de la reforma constitucional y de las leyes secundarias será en fast track.

En este sentido, consideró que en la propuesta enviada la semana pasada se detectan vacíos que se resolverán hasta conocer reformas legales, pues aborda de manera muy general varios de los cambios que propone. Sin tener las reformas secundarias, no es posible estimar todas las implicaciones de las modificaciones.

Asimismo, el documento no atiende temas clave que sí debieran regularse pero que afectarían al partido gobernante, como mecanismos para enfrentar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales; los límites de sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión; y el transfuguismo parlamentario.

Además, la fecha de la elección judicial se mantiene concurrente con la elección de los otros Poderes, lo cual representa un gran riesgo operativo para el INE y una sobreexposición de información para los votantes.

Frente a las propuestas del expresidente Andrés Manuel López Obrador en los planes A y B en 2022 y a otras sugerencias planteadas en los últimos meses, como la reducción de diputaciones plurinominales, la iniciativa es de menor alcance.

Los especialistas recordaron que en la reforma de 1977 se introdujo la representación proporcional (RP) para abrir la Cámara a la oposición, sumando 100 escaños a los 300 de mayoría relativa y los partidos fueron considerados como entidades de interés público y se les dio este estatus constitucional, garantizándoles acceso a medios y financiamiento público.

Por lo que se refiere a la propuesta de elegir a los diputados plurinominales, advirtió que eso implicaría una boleta extra para elegir dos candidatos entre 140 opciones, al menos, considerando aproximadamente 20 candidaturas por siete partidos políticos en 2027.

La propuesta plantea también bajar de 48 a 35 minutos los tiempos destinados a partidos y autoridades electorales, pero el tiempo oficial no será modificado, es decir, no se regresará a los concesionarios, por lo que el gobierno podrá hacer uso de este.

En materia de fiscalización, la reforma introduce un esquema que involucra directamente al sistema financiero y a los reguladores bancarios en el monitoreo de recursos electorales.

Se reafirma la prohibición de aportaciones en efectivo para reducir riesgos de financiamiento ilícito y propone mayor coordinación con autoridades de seguridad e inteligencia financiera, donde la fiscalización se vincula con la prevención del crimen organizado, lavado de dinero y financiamiento ilícito de campañas.