Para que las universidades, instituciones públicas de educación superior y los centros públicos de investigación puedan gestionar y administrar de manera autónoma los recursos económicos que obtengan por concepto de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación o vinculación con los sectores social, productivo, académico o internacional, en la fracción del PAN en San Lázaro se impulsa una iniciativa que adiciona un artículo 33 Bis a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Con la propuesta que se turnó a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara baja, se propone resolver la ausencia de un reconocimiento claro al derecho de las instituciones públicas a gestionar y ejercer de forma autónoma los recursos que generan.
Ello, a través de sus propias actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación o vinculación con el sector social y productivo.
La diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá explicó que en la actualidad, la normatividad presupuestaria y administrativa en México no distingue entre los recursos que las instituciones científicas generan por sí mismas a través de convenios, prestación de servicios de transferencias tecnológicas y aquellos que provienen del subsidio federal.
“Esto ha provocado que los recursos autogenerados sean tratados como ingresos excedentes, sujetos a reintegros o a la autorización de autoridades hacendarias para su uso, lo que restringe su aprovechamiento institucional y desincentiva la productividad académica“.
Se dijo que en este sentido, la reforma no solo atiende un vacío legal, sino que también fortalece el principio constitucional de progresividad del derecho a la ciencia, al permitir que los beneficios del conocimiento generado por las instituciones públicas se reinviertan en su mejora continua y en el bienestar colectivo.
La modificación está apegada a compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 15 reconoce el derecho de toda persona a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
