Diputados de Morena propusieron reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) para que, cuando en la propaganda política o electoral aparezcan personas menores de 18 años, ya sea de forma directa o incidental, los partidos, coaliciones o actores vinculados al proceso electoral estén obligados a recabar por escrito el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela.

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La iniciativa plantea adicionar un numeral 5 al artículo 247 de la LEGIPE, en el que se establece que si no se cuenta con dicho consentimiento, la propaganda deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier dato que permita identificar a niñas, niños o adolescentes, con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez.

El documento sostiene que incorporar de manera expresa este mandato constitucional en la legislación electoral fortalece la capacidad del Estado para prevenir abusos, brinda certeza jurídica a los actores políticos y envía un mensaje claro de respeto y protección hacia los derechos de la niñez.

La propuesta, enviada a la Comisión de Reforma Política-Electoral, advierte que en procesos electorales recientes se ha documentado el uso indiscriminado de imágenes de menores en actos proselitistas, muchas veces sin el consentimiento informado de madres, padres o tutores, lo que expone a niñas, niños y adolescentes a riesgos que van desde el hostigamiento hasta el uso indebido de sus datos personales.

De acuerdo con la iniciativa presentada por la diputada Araceli Narro Panameño, en numerosos casos las familias desconocen que la imagen de sus hijas o hijos ha sido utilizada con fines políticos, lo que les impide actuar de manera oportuna para solicitar su retiro, una situación que se agrava en el entorno digital, donde la difusión de contenidos puede volverse masiva e irreversible en cuestión de minutos.

El documento subraya que la aparición de menores en propaganda electoral sin autorización vulnera derechos fundamentales como la intimidad, la identidad y la reputación, y advierte que no se trata de un asunto menor, sino de un riesgo real de vincularlos involuntariamente con ideologías o posturas partidistas que pueden afectar su desarrollo presente y futuro.

En este sentido, se destaca que establecer reglas claras y obligatorias sobre el uso de la imagen, voz y datos personales de menores en propaganda político-electoral es una medida indispensable para su protección integral, especialmente en un contexto de difusión digital inmediata y difícil de controlar.

Finalmente, la legisladora sostiene que el consentimiento informado y por escrito de madres, padres o tutores debe ser una salvaguarda básica, para garantizar que la participación de niñas, niños y adolescentes no responda a estrategias de mercadotecnia política, sino a decisiones responsables que coloquen su bienestar y dignidad en el centro, en cumplimiento del mandato constitucional e internacional del interés superior de la niñez.