POR URBANO BARRERA

El ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, no podrá salir de prisión sólo con el cumplimiento de la reparación económica del daño en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Como se acogió a la figura de testigo protegido y busca su libertad por medio de un acuerdo reparatorio, deberá ampliar información sobre los sobornos a legisladores y entregar datos para la detención y sentencia de personajes en un nivel superior jerárquico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que todavía Petróleos Mexicanos revisa el caso y hace un arqueo para determinar los montos.

Pero aun con ello, se debe cumplir con un amplio número de requisitos y obligaciones procesales.

Diego Efraín Lara Rivera, especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),  sostiene que para alcanzar la libertad procesal con beneficios anticipados y como testigo protegido debe cumplir con varias obligaciones procesales.

Primero que la información que proporcione la persona debe estar ligada a la obtención de un resultado cierto y que lleve a la detención, enjuiciamiento o fortalecimiento de una sentencia.

Además, la persona tendrá que comprobar que efectivamente está diciendo la verdad.

El jurista indicó que otra característica es que, de ser cierta y sustancial la información proporcionada, el “único” beneficio que debe tener el “testigo protegido” es una reducción de pena en dos terceras partes sobre su sentencia, ya que su colaboración no le quita el título de delincuente.

Explicó que de acuerdo al artículo 35 de la Ley contra la delincuencia organizada. Cuando no exista Averiguación Previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración, no serán tomados en cuenta en su contra.

Este beneficio sólo podrá otorgarse en una ocasión respecto de la misma persona; también, cuando exista una Averiguación Previa en la que el colaborador esté implicado y éste aporte indicios para la consignación de otros miembros de la organización criminal.

Cuando durante el proceso penal, el indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos por los que se le juzga, podrá reducirse hasta en una mitad.

“De igual forma, cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el juez, para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta”, dijo.

Emilio Lozoya tras su detención, en 2021 acusó en total a 16 políticos de actos de corrupción. Entre ellos figuran, Enrique Peña y Luis Videgaray.

También involucró a los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, al igual que los excandidatos presidenciales del PRI, José Antonio Meade, y del PAN, Ricardo Anaya.

A los entonces senadores, Francisco García Cabeza de Vaca, hoy gobernador de Tamaulipas; Francisco Domínguez Servién, exgobernador de Querétaro ; David Penchyna, quien fuera presidente de la Comisión de Energía; así como a Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury y Ernesto Cordero Arroyo, todos cercanos al presidente Felipe Calderón.

Junto a todos ellos responsabilizó a  al exdirector y exconsejero de Pemex, José Antonio González Anaya; a Carlos Treviño Medina, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y posteriormente director de Pemex; Rafael Caraveo Opengo, exfuncionario del Senado de la República quien fue captado en video recibiendo bolsas de dinero, así como a Osiris Hernández, secretario particular de Ricardo Anaya, como parte de los sobornos millonarios a cambio de aprobar la Reforma Energética.

De todos ellos, deberá entregar información y de no ser así o falsear las declaraciones se incrementaría su propia sentencia.

Jorge Luis Lavalle, exsenador de la República, es el único político de la oposición preso por las acusaciones de Emilio Lozoya.

Ante todo este cúmulo de obligaciones procedimentales y procesales, es un hecho que Emilio Lozoya tendrá que pasar más tiempo en prisión y la aportación de diez millones 700 mil dólares no le servirá de mucho.