Betssy Chávez Chino es una abogada y política peruana de 36 años que se encuentra en el centro de una crisis diplomática entre Perú y México, tras recibir asilo político en la embajada mexicana en Lima. Actualmente, está siendo procesada por su presunta participación en el fallido intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, liderado por el entonces presidente Pedro Castillo, de quien fue Presidenta del Consejo de Ministros (Premier).

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Origen y formación académica

Betssy Chávez Chino nació el 3 de junio de 1989 en el distrito de Ciudad Nueva, en la provincia de Tacna, ubicada en el extremo sur de Perú, en la frontera con Chile.

Se formó como abogada en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna y posteriormente cursó estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua, consolidando su perfil académico en áreas de derecho público y constitucional.

Carrera Política: De congresista a premier en tiempo récord

Betssy Chávez inició su carrera política al ser elegida congresista en las elecciones generales de 2021, representando a la región de Tacna en el Congreso de la República del Perú para el periodo 2021-2026.

Su ascenso político fue meteórico, ocupando varios cargos ministeriales durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022):

1. Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo:
Octubre de 2021 – Mayo de 2022
Su primer cargo en el gabinete, donde enfrentó desafíos relacionados con empleo formal, derechos laborales y las secuelas económicas de la pandemia de COVID-19.

2. Ministra de Cultura:
Agosto – Noviembre de 2022
Durante su gestión en Cultura, Chávez enfrentó críticas por la alta rotación de ministros en el gobierno de Castillo, que generaba inestabilidad institucional.

3. Presidenta del Consejo de Ministros (Premier):
25 de noviembre – 7 de diciembre de 2022
Fue nombrada jefa del gabinete ministerial en un momento de máxima crisis política en Perú. Su gestión duró apenas 12 días, terminando abruptamente con el intento de autogolpe de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

El 7 de diciembre de 2022: El intento de autogolpe

El 7 de diciembre de 2022, el presidente Pedro Castillo anunció por cadena nacional la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia y la convocatoria a elecciones para una nueva Asamblea Constituyente.

Esta acción fue considerada inconstitucional por el Congreso, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes rechazaron acatar la orden del presidente.

Pocas horas después, el Congreso destituyó a Castillo por incapacidad moral permanente y asumió la presidencia su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien aún gobierna el país.

Betssy Chávez, como Premier en ese momento, ha sido señalada por la Fiscalía como presunta coautora del intento de golpe, acusándola de haber participado en la planificación y ejecución de la medida inconstitucional.

Situación Legal: procesada, detenida y liberada

Tras la caída de Castillo, Betssy Chávez enfrentó un proceso judicial por rebelión y conspiración contra el Estado peruano.

Prisión Preventiva (Junio 2023 – Septiembre 2024):
Chávez estuvo detenida desde junio de 2023 en un centro penitenciario de Lima, donde denunció malos tratos y condiciones inhumanas.

Durante su detención, mantuvo una huelga de hambre de 12 días, lo que derivó en su hospitalización por deshidratación. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desmintió algunas de sus denuncias sobre su situación en prisión.

Liberación por Orden del Tribunal Constitucional (Septiembre 2024):
El Tribunal Constitucional (TC) ordenó su excarcelación inmediata al determinar que había sido víctima de una detención arbitraria, ya que la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación de su prisión preventiva.

Chávez fue liberada mientras se encontraba internada en una clínica de Lima, pero continuó siendo investigada penalmente.

Inhabilitación política: 10 Años sin función pública

Además del proceso penal, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó un informe que recomienda inhabilitar a Betssy Chávez por 10 años para ejercer cualquier función pública, argumentando que infringió artículos constitucionales durante el intento de autogolpe de diciembre de 2022.

Esta medida, de confirmarse, le impediría volver a ocupar cargos políticos o administrativos en el Estado peruano hasta 2032.

La Fiscalía peruana también solicitó restricciones sobre el contacto de Chávez con diplomáticos y embajadas, en un intento de evitar que buscara refugio en el extranjero.

Sin embargo, Chávez logró llegar a la embajada de México en Lima, donde actualmente se encuentra bajo protección diplomática mientras espera la formalización de su solicitud de asilo político.

Asilo en México: La decisión que rompió relaciones

El asilo político otorgado por México a Betssy Chávez fue el detonante de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Desde la perspectiva del gobierno peruano, Chávez es una prófuga de la justicia que debe enfrentar los cargos en su contra, mientras que desde la visión del gobierno mexicano, es una perseguida política víctima de un sistema judicial instrumentalizado para castigar a opositores del actual gobierno de Dina Boluarte.