PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que los promocionales de Morena en los que se calificó como “traidores a México” a legisladores federales y partidos políticos por votar contra la reforma eléctrica, constituyeron calumnia electoral.

Los magistrados electorales consideraron que los promocionales denunciados no pueden considerarse como críticas severas que estén amparadas por la libertad de expresión, sino que constituyen calumnia electoral.

Esto, porque de un análisis del contexto interno y de difusión de los promocionales se advierte que Morena utilizó información inexacta e imágenes alteradas para imputar directamente el delito de traición a la patria, con la intención de dañar la imagen de los partidos políticos, cuyos legisladores votaron en contra de la reforma, en el contexto de los procesos electorales 2021-2022.

Consideraron que la expresión “traidores a México” no tiene la finalidad de emitir una crítica o generar un debate político en torno a la reforma eléctrica, sino imputar un delito previsto en el Código Penal Federal, por presuntamente traicionar a la ciudadanía.

Ante esta determinación, la sala superior revocó parcialmente la sentencia de la sala regional especializada y le ordenó emitir una nueva, en la que tenga por acreditada la infracción y determine si Morena incurrió en uso indebido de la pauta.

En otro caso, la sala superior determinó que Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de jefa de Gobierno de la Ciudad de México, vulneró los principios constitucionales de imparcialidad y equidad en la contienda de la gubernatura de Tamaulipas.

Al resolver una queja del PAN por la asistencia y participación de la mandataria en el cierre de campaña del entonces candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villareal Anaya, los magistrados confirmaron las violaciones atribuidas a la jefa de Gobierno, pues ya se habían analizado las mismas conductas denunciadas en el juicio de revisión constitucional y determinó la existencia de las irregularidades denunciadas.

Por ello, confirmó la resolución emitida por la sala regional especializada, pues es la competente para conocer del asunto, ya que la denunciada es una servidora pública a quien se le atribuye una infracción en una entidad distinta a aquella en la que ejerce su jurisdicción.