El gobierno de la Ciudad de México clasificó como reservada la información relacionada con la cantidad de celulares decomisados en los penales capitalinos durante el último sexenio, lo que pone en duda si las autoridades capitalinas realmente combaten las extorsiones telefónicas realizadas desde los centros de reclusión, advirtió la diputada Olivia Garza.

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La legisladora panista denunció que el pasado 5 de septiembre le fue aceptada a la subsecretaría de Sistema Penitenciario la solicitud para reservar estos datos bajo el argumento de que, al darse a conocer, la delincuencia organizada podría organizar motines al interior de los penales.

La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la CDMX precisó que hizo una solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y le respondieron que no darán respuesta porque la delincuencia organizada les puede desestabilizar los penales con motines y actos de violencia a tal grado que se les complicaría evitar la evasión de reos.

Detalló que la solicitud consistió en pedir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana el número de teléfonos celulares y chips decomisados, en qué reclusorios se realizaron las incautaciones y qué hicieron con los aparatos decomisados, todo en un lapso de los últimos seis años.

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“Lo reservaron por tres años, ahí está su transparencia, ahora no podemos saber si están haciendo algo con las extorsiones desde los penales o están del lado de la delincuencia”, sentenció.

Recordó que a finales de 2005 el gobierno capitalino instaló bloqueadores de señal telefónica en los centros de reclusión locales con el objetivo de inhibir las llamadas de los reos, tiempo en el que las autoridades estimaban que había unos mil 500 celulares al interior de los penales.

Tan solo en 2021, las autoridades penitenciarias decomisaron 2 mil 839 celulares, lo que no solo duplicó el número de aparatos que había en 2005, sino lo superó pues los cateos continuaron sin que hasta el momento hayan podido evitar el ingreso de los teléfonos.