Recorte presupuestal atenta contra el estado de derecho, advierte presidenta de la Corte

PATRICIA RAMIREZ Foto: Cuartoscuro En una inusual sesión solemne que congregó a representantes de todo el poder Judicial de la Federación, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, defendió el presupuesto de este poder para 2024 y advirtió que minar la autonomía e independencia de jueces,

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PATRICIA RAMIREZ

Foto: Cuartoscuro

En una inusual sesión solemne que congregó a representantes de todo el poder Judicial de la Federación, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, defendió el presupuesto de este poder para 2024 y advirtió que minar la autonomía e independencia de jueces, ministros y magistrados a través del socavamiento de recursos financieros pone en entredicho el estado de derecho.

Ante los ministros de la Corte, los representantes del Consejo de la Judicatura Federal y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseguró que para el próximo año se solicitará un aumento de 4 por ciento en términos reales a lo solicitado para este año.

 

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El incremento solicitado es de tres mil 101 millones 779 mil 645 pesos, por lo que solicitará 80 mil 646 millones 270 mil 771 pesos.

Ante los amagos que desde la Cámara de Diputados han hecho legisladores de Morena, que tienen la mayoría simple para aprobar cualquier modificación al Presupuesto de Egresos de la Federación, la presidenta de la Corte insistió en que cada centavo que están pidiendo está justificado y es lo mínimo para cumplir con la función jurisdiccional que tienen a su cargo.

“La asignación presupuestal al Poder Judicial Federal en nuestro diseño constitucional responde a un indispensable ejercicio de contrapesos entre los poderes; ejercicio que, si bien debe atender al principio de estabilidad financiera, lo cierto es que encuentra límites muy claros en la propia Norma Suprema. El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho”, sentenció.