Si algo ha caracterizado a la seguridad en México en el último año es la inconsistencia que lleva a la incongruencia entre lo que se dice, se percibe y sucede.

Se asegura que ha bajado la incidencia de homicidios un 37% en comparación con el año anterior; sin embargo, de acuerdo con estimaciones internacionales de Human Rights Watch (HRW) y Mexican Drug War, el año pasado se cometieron cerca de 2 mil 700 asesinatos mensuales por la delincuencia organizada, mientras que en el presente sexenio se contabilizan más de 10 mil.

Cifras del Inegi señalan un aumento de la percepción de inseguridad en México de 63%. Esto significaría que han bajado los homicidios, pero han aumentado las ejecuciones criminales y la sensación de inseguridad.

La pregunta obligada sería: si han bajado los homicidios dolosos, es decir, los cometidos con la férrea voluntad de privar de la vida a otro, ¿por qué no impacta en la disminución de las ejecuciones? ¿Por qué aumenta la violencia representada en enfrentamientos cotidianos entre grupos criminales con saldos mortales? Y, por último, ¿por qué desvincular las desapariciones de los homicidios? Si bien técnica y jurídicamente no son lo mismo, un alto porcentaje de aquellas termina en presunción de privación de la vida. Pareciera que desaparecer a los desaparecidos es una posición cómoda, una válvula de escape estadística para el gobierno.

Han subido las ejecuciones y los enfrentamientos armados en un contexto de una importante disminución de la incidencia de homicidios, pero con un aumento de la violencia. ¿Suena congruente, lógico?

Bajo la premisa y declaraciones del hoy secretario de Seguridad federal: “…que se deben extraer a los generadores del delito y la violencia para que se pacifique al país”.

Nunca se habían hecho tantas investigaciones y detenciones exitosas que terminaran, inclusive, en dos y próximamente una tercera extradición masiva de delincuentes históricamente buscados, que se desarrollaron durante 50 años en un ambiente cómodo de inseguridad e impunidad político-criminal en México y Estados Unidos.

Si bien es cierto que el presente gobierno ha enfrentado la responsabilidad de la persecución criminal abierta, también lo es que, a medida que se aseguran personajes de alto valor delictivo, surgen decenas de líderes que los sustituyen y ocupan esos espacios.

Los criminales de las organizaciones delictivas no sólo se suman, sino que se multiplican, ahora con mayor tecnología, capacidad de fuego y tácticas paramilitares y terroristas, lo que les ha permitido resistirse al control territorial del Estado.

Las incongruencias e inconsistencias entre lo declarado y lo ejecutado continúan. Se asegura un combate de “cero tolerancia” a la corrupción y a la connivencia político-criminal; sin embargo, abundan los ejemplos de colusión con la delincuencia organizada, e incluso la creación de grupos criminales inexistentes hasta hace poco, como La Barredora, presuntamente bajo el mando del máximo responsable de seguridad de un estado.

¿Cómo explicar que debería existir congruencia entre la disminución del homicidio, la violencia y una relación directamente proporcional con las desapariciones?
¿Que la sensación de inseguridad tendría que estabilizarse?
¿Cómo explicar la relación Sheinbaum–Trump en un contexto de amenazas constantes hacia México por la criminalidad político-organizada, sin que exista un solo político morenista investigado?

Lo lógico sería: romper las colusiones político-criminales, disminuir la incidencia delictiva, aumentar la percepción de seguridad y reducir gradualmente la violencia; atender el fenómeno de las desapariciones y alinearlo con las estadísticas de homicidios.