PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
Si bien es cierto que para la sociedad es ofensivo que se otorgue a partidos políticos la tercera parte del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y los recursos destinados a ese órgano electoral son muy elevados, los presupuestos públicos para los partidos permiten que haya piso parejo en la competencia electoral, advirtió la ex consejera electoral, Jacqueline Peschard Mariscal.
Agregó además que el desprestigio de los montos públicos que se les destinan no es de ahora, ni de la agenda de Morena, viene de tiempo atrás.
“No debemos pensar si se requiere o no presupuesto para esas organizaciones políticas, sino cuánto es lo que se necesita; ello debe ir aparejado de un análisis sobre cuánto cuesta una campaña. Se supone que eso se ha hecho para identificar la fórmula actual de subvención”, puntualizó.
La también académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, subrayó que uno de los temas que origina que el financiamiento sea una bolsa que parece agraviar a los mexicanos, es que se destinan recursos federales a los partidos nacionales, lo cual se replica en el ámbito local, entonces prácticamente se duplica. “Una fórmula fácil de reducir financiamiento público a esas estructuras, es algo que ha planteado el INE: eliminar el financiamiento local”, aseguró.
Javier Aparicio Castillo, profesor investigador de la división de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), recalcó que es necesario defender el financiamiento público, lo que desde siempre se ha considerado como un desperdicio de recursos en un país con carencias, desigualdades y pobreza.
Advirtió que cuando la sociedad carece de información completa y hay un gobierno con abundantes recursos y datos, prohibir los gastos de campaña de manera natural favorecería a la clase política en turno. “Si la oposición no tiene forma de transmitir información, lo que tendríamos es una cancha dispareja en favor de los partidos en el gobierno”, sentenció.
Agregó que los topes de gastos de campaña están vinculados, pero si no se diseña bien el financiamiento que se otorga y se establecen, podrían generarse escenarios no deseados, es decir, se invita a partidos y campañas a que haya un mercado negro de recursos, lo que dificulta la fiscalización. Entonces, el patrocinio debe ser coherente con los topes de gasto de campaña y la capacidad de fiscalizar los recursos.
Para el profesor investigador del Centro de Estudios Antropológicos de la FCPyS, Emanuel Rodríguez Domínguez, el monto económico otorgado y la fiscalización electoral son tópicos importantes para la reproducción de buenas prácticas e integridad electorales. “Si no se definen bien las reglas del juego estamos cayendo también en un caldo de cultivo de malas prácticas electorales”, dijo.
Indicó que el uso de programas sociales con fines electorales es un aspecto fundamental a considerar. Un gobierno puede estar bien evaluado y generar una política social importante, pero si no existe un buen mecanismo de financiamiento que garantice a la oposición contrarrestar propuestas de política pública, social e ideológica, será difícil garantizar una competencia equitativa.
Rodríguez dijo que no percibe “un mundo sin financiamiento público que no garantice, en cierta medida un piso parejo, sobre todo cuando los partidos en el gobierno, que se han configurado como predominantes tienen otro piso de recursos para competir electoralmente”. Uno de los retos también es definir cómo se ejercen esos recursos en el marco del financiamiento, los topes de campaña es un punto fundamental.
