La regla que permite cinco cambios en el futbol moderno benefició principalmente a los equipos grandes con nóminas robustas. Lo mismo podría pasar con la reforma a la jornada laboral.

Recientemente se aprobó la reforma al artículo 123 constitucional que reducirá la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales. Se trata de un cambio que busca beneficiar a más de 13 millones de trabajadores en nuestro país. Su implementación será gradual, de 2027 a 2030, lo que permitiría una transición ordenada. Sin embargo, más allá del objetivo social, es necesario analizar sus implicaciones económicas con mayor detenimiento.

En términos generales, reducir la jornada laboral por decreto, sin que esté acompañada de un aumento en la productividad, implica un incremento en los costos laborales por hora trabajada. Y aquí es donde surge el principal problema: este impacto no será homogéneo. Afectará de manera diferenciada según el tamaño y la estructura de las empresas.

En México, más del 95% de las unidades económicas son micro y pequeñas empresas. Para ellas, la nómina representa una proporción significativa de sus costos. Reducir la jornada sin ajustar productividad equivale, en la práctica, a encarecer su operación. Ante este escenario, las opciones son limitadas: aumentar precios, reducir personal, migrar a esquemas informales o, en el peor de los casos, cerrar.

No es poca cosa. La economía mexicana ha tenido un pobre desempeño en los últimos trimestres, y la informalidad ya representa alrededor del 55% del mercado laboral. Y esta reforma, además de precarizar el empleo, implica una pérdida significativa de ingresos fiscales.

Por el contrario, las grandes empresas enfrentan este cambio con una ventaja estructural: la nómina tiene un peso relativo menor dentro de sus costos totales, lo que les permite absorber el impacto. Pero no sólo eso, también cuentan con la capacidad de invertir en tecnología y automatización. Y aquí aparece un efecto adicional, al aumentar el costo por hora trabajada, la sustitución de trabajo por capital se vuelve más rentable.

El resultado es un mercado laboral más presionado. Por un lado, pequeñas empresas con dificultades para sostener su plantilla. Por otro lado, grandes empresas con incentivos para reducirla.

Llevado al terreno futbolístico, este cambio se parece mucho a la modificación que permitió realizar cinco sustituciones por partido. En teoría, la regla aplica para todos. En la práctica, beneficia más a quienes tienen plantillas más amplias y profundas.

En la Premier League, por ejemplo, los equipos de la parte alta de la tabla han utilizado los cinco cambios en aproximadamente el 42% de los partidos, mientras que los equipos de la parte baja lo hacen apenas en el 11%. La razón es que los clubes con mayor presupuesto pueden permitirse tener una banca con jugadores de alto nivel, por lo que al hacer cambios mantienen la intensidad y la calidad en el campo. En contraste, los equipos más modestos deben recurrir a jugadores con menor experiencia o nivel, lo que puede afectar su rendimiento.

La analogía es directa. La reducción de la jornada laboral funciona como esa regla que es uniforme en el papel, pero desigual en sus efectos. Las grandes empresas tienen “banca” suficiente para adaptarse, pero las pequeñas no.

El problema, entonces, no es la intención de mejorar las condiciones laborales, sino la forma en que se implementa. Sin políticas complementarias que impulsen la productividad, reduzcan la carga regulatoria o apoyen directamente a las micro y pequeñas empresas, el riesgo es generar un efecto contrario al deseado, lo que podría terminar con afectaciones negativas a la economía, especialmente a las micro y pequeñas empresas, y a un sector importante de trabajadores en la formalidad.