La iniciativa de reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal ha generado preocupación por motivos que van mucho más allá de la representación proporcional. Para el Frente Amplio Democrático, el verdadero riesgo radica en el impacto estructural que esta propuesta podría tener sobre los equilibrios democráticos del país, al surgir sin diálogo amplio ni acuerdos plurales.

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Uno de los primeros focos de alerta es el origen del proyecto, elaborado por una Comisión conformada exclusivamente por perfiles afines al oficialismo. Esta falta de pluralidad limita la diversidad de perspectivas y debilita la confianza en un proceso que debería construirse con participación abierta y consensos políticos.

El debate debe abarcar temas clave como la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), el método de designación de consejeras y consejeros, la independencia del Tribunal Electoral, el futuro de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y el modelo de financiamiento público a los partidos. Cada uno de estos elementos sostiene la arquitectura electoral del país.

También preocupa el uso indebido de recursos públicos con fines partidistas y la posibilidad de ingreso de dinero ilícito en las campañas. Ante ello, el Frente sostiene que reducir controles y fiscalización no fortalece la democracia, sino que la expone a mayores riesgos de inequidad y opacidad.

Si bien la representación proporcional es fundamental para el pluralismo político, el problema central está en la distorsión de la voluntad ciudadana. La sobrerrepresentación permite que una sola fuerza concentre poder sin reflejar con precisión el respaldo obtenido en las urnas.

El argumento de abaratar las elecciones mediante recortes al presupuesto del INE implica un peligro mayor: debilitar al árbitro electoral, limitar su capacidad operativa y reducir la vigilancia de los procesos. La experiencia demuestra que menos recursos no significan más confianza, sino mayor fragilidad institucional.

En la misma lógica, disminuir el financiamiento a los partidos sin corregir desigualdades estructurales rompe la equidad democrática. Fuerzas como Morena, con acceso al aparato gubernamental, no compiten en condiciones iguales frente a la oposición.

Asimismo, la elección popular de autoridades electorales y la posible desaparición de los OPLEs podrían facilitar su captura política, sobre todo en zonas con fuerte presencia del crimen organizado, debilitando aún más la legalidad electoral.

El Frente Amplio Democrático advierte que permitir una mayoría calificada sin consensos abre la puerta a cambios constitucionales impuestos. Las reglas democráticas existen para evitar la concentración del poder y garantizar que las reformas respondan a acuerdos nacionales.

Defender la democracia no significa rechazar el cambio, sino proteger las reglas que aseguran elecciones libres, equitativas y confiables. La democracia no se construye desde la imposición ni desde la opacidad, sino desde el consenso y la legalidad.