La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, que será presentada al Congreso este lunes, abrió un nuevo ciclo de discusión sobre la arquitectura política mexicana, al plantear ajustes que no se limitan al gasto o a la fiscalización, sino que tocan los incentivos estructurales del Congreso, la dinámica partidista y la relación entre representación y gobernabilidad.

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Javier Santiago, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y ex consejero electoral, afirmó que la reforma electoral en discusión debe analizarse con criterios técnicos y sistémicos, no desde la confrontación política, porque cualquier ajuste al financiamiento, a la representación o a la estructura institucional exige un rediseño integral con visión de Estado.

Comentó que la propuesta actual no elimina la representación proporcional en la Cámara de Diputados, sino que modifica su mecanismo de asignación, ya que los lugares no surgirían de una lista cerrada previa, sino de los candidatos perdedores mejor posicionados de cada partido, lo que implica un cambio de fórmula, no la desaparición del esquema.

Santiago explicó que la representación proporcional surgió para corregir el dominio absoluto de un solo partido en sistemas mayoritarios y permitir la presencia de minorías en el Congreso, por lo que consideró innecesaria la confrontación que presenta la reforma como un atentado contra la pluralidad.

En contraste, señaló que en el Senado la discusión resulta más compleja, porque la integración actual combina mayoría relativa, primera minoría y una lista nacional de representación proporcional, lo que, a su juicio, tiene una fórmula “barroca” que no necesariamente refleja de mejor manera la voluntad ciudadana en cada entidad federativa.

El ex consejero planteó que el Senado debería repensarse a partir de la representación efectiva de los estados, incluso con esquemas de votación individual por senador, pero lamentó que el debate público se concentre en el número de posiciones que obtendría cada partido y no en la calidad de la representación.

Respecto al anuncio de un recorte de 25% al gasto electoral, el investigador consideró que la propuesta carece de desglose técnico y que un ajuste general sin diagnóstico detallado puede debilitar al sistema de partidos, por lo que llamó a revisar el modelo completo de financiamiento en lugar de aplicar reducciones indiscriminadas.

Santiago defendió la prevalencia del financiamiento público para evitar la captura de los partidos por intereses privados o ilícitos, aunque propuso abrir mayores márgenes regulados al financiamiento privado de militantes y simpatizantes, siempre con mecanismos estrictos de transparencia y fiscalización.

El especialista advirtió que el combate al dinero de la delincuencia organizada no puede recaer únicamente en la legislación electoral, porque se trata de un fenómeno vinculado a seguridad pública, sistema financiero y lavado de dinero, lo que exige coordinación con autoridades hacendarias y de inteligencia financiera.

En cuanto al INE y los órganos locales, reconoció que existen áreas susceptibles de racionalización y modernización administrativa, pero sostuvo que cualquier reducción debe basarse en diagnósticos técnicos, revisión de estructuras y uso estratégico de tecnología, no en decisiones generales motivadas por presión política.

Javier Santiago consideró que la iniciativa presentada hasta ahora contiene líneas generales sin precisión normativa suficiente y que la negociación política con aliados generó tensiones adicionales, por lo que insistió en que la reforma debe discutirse con serenidad técnica y orientación institucional, porque lo que está en juego no es sólo el costo del sistema electoral, sino la calidad de la representación democrática en México.