La inversión productiva, en un marco de libre mercado y con derechos de propiedad protegidos, es fundamental para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza y las desigualdades. Es decir, son las inversiones del sector privado las que generan riqueza y empleos.

Y dentro de esta inversión, en países como México, la inversión extranjera directa (IED) es fundamental, porque atrae capital y fomenta la transferencia de tecnología, al mismo tiempo que genera empleos y fortalece las cadenas de suministro que alimentan el dinamismo productivo del país.

Precisamente, esta semana el gobierno federal anunció que la IED alcanzó una cifra récord: 41 mil millones de dólares en los primeros nueve meses del año. Pero cuando desagregamos la cifra, esconde un detalle fundamental: sólo 7 mil millones de dólares —apenas el 17%— llegaron en el tercer trimestre, el más reciente. Además, la tendencia es preocupante cuando se analiza trimestre a trimestre: 21 mil millones el primero; 13 mil millones el segundo y 7 mil millones el tercero. Es decir, el flujo se está debilitando de manera clara.

¿Qué explica esta desaceleración? En gran parte, la incertidumbre. Las empresas internacionales, que evalúan dónde invertir, no sólo miran tamaño de mercado o costo laboral: buscan certidumbre jurídica, reglas claras y estables, así como un marco institucional sólido que les garantice la protección de sus derechos y de los contratos y acuerdos firmados. En términos de fútbol, necesitan saber que existe un árbitro neutral.

Esa es la función que históricamente ha cumplido el Poder Judicial. Para un inversionista extranjero, el Poder Judicial es un garante: si el gobierno intenta cambiar las reglas a mitad del partido, existe un contrapeso que hace valer el Estado de derecho.

La reforma judicial altera precisamente ese punto de equilibrio. Para muchas empresas, la reforma equivale a aceptar un partido importante de visita con un árbitro que forma parte del equipo local. Es como ir al Azteca a jugar contra el América, y que el árbitro sea el director técnico del América: sabes que te va a marcar todas en contra.

Muchos recuerdan la final de la Copa Sudamericana 2007, entre el América y el Arsenal de Argentina, cuando horas antes del encuentro se modificó la regla del “gol de visitante” para favorecer al equipo argentino. No había un árbitro imparcial que impidiera a la Conmebol hacer dicho ajuste, perjudicando los intereses deportivos y económicos del equipo mexicano.

Incluso podría pensarse en el fútbol amateur: la liga de barrio donde el dueño también es dueño de un equipo, y el árbitro del partido es su amigo o su empleado. Los demás equipos juegan, pero lo hacen sabiendo que cualquier decisión arbitral puede inclinar la balanza. Y cuando eso ocurre durante varias jornadas, la consecuencia es predecible: los equipos dejan de invertir, dejan de competir e incluso abandonan la liga.

El problema no es el resultado del partido, sino la sensación de que las reglas podrán aplicarse de forma desigual. Eso mismo ocurre con el capital internacional cuando percibe que el árbitro institucional pierde independencia: el incentivo a invertir disminuye.

Esta preocupación generó reacciones fuera del país. En el marco de la revisión del T-MEC, varias empresas estadounidenses solicitaron formalmente al gobierno de Estados Unidos que las proteja ante los posibles efectos de la reforma judicial en México. Esa petición no se hace cuando hay confianza, sino cuando existe un riesgo claro para sus inversiones.

No es casualidad, ni un fenómeno aislado: es el síntoma de un entorno donde la certidumbre se está erosionando.

Porque en un fútbol sin reglas claras, nadie invierte en grandes fichajes. En una economía sin certidumbre, tampoco.