Al explicar que la iniciativa de reforma para limitar pensiones onerosas aplicará únicamente a servidores públicos de confianza que obtuvieron beneficios extraordinarios en administraciones pasadas, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se afectará a trabajadores de base ni a quienes cuentan con contrato colectivo.

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Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria sostuvo que la modificación busca corregir distorsiones en el sistema de pensiones del sector público, donde algunos exdirectivos de empresas productivas del Estado llegaron a recibir montos millonarios con cargo al erario.

Sheinbaum señaló que existen casos en los que exfuncionarios han percibido hasta un millón de pesos mensuales por concepto de pensión, lo que equivale a cerca de 12 millones de pesos al año financiados con recursos públicos. Esa situación, indicó, contrasta con las pensiones que reciben la mayoría de los trabajadores del país.

Aclaró que la reforma no tendrá efectos retroactivos. Los recursos ya pagados a los beneficiarios no serán reclamados ni deberán devolverse, ya que la legislación mexicana impide aplicar disposiciones que afecten derechos adquiridos.

Sin embargo, puntualizó que, una vez aprobada la reforma, las pensiones superiores al nuevo límite se ajustarán automáticamente. En adelante, quienes perciban esos beneficios dejarán de recibir montos millonarios y se sujetarán al nuevo tope establecido por la ley.

El límite propuesto en la iniciativa fija una pensión máxima equivalente a la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal, lo que representa alrededor de 70 mil pesos mensuales. De acuerdo con Sheinbaum, esa cantidad sigue siendo superior a la pensión promedio en México.

La mandataria expuso que el objetivo de la reforma consiste en eliminar privilegios otorgados bajo esquemas discrecionales en instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos o la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Sheinbaum insistió en que el ajuste no afectará a las pensiones derivadas de aportaciones individuales o sindicales, ni a los sistemas de ahorro para el retiro que operan mediante cuentas personales. Tampoco se aplicará a las prestaciones del personal de las Fuerzas Armadas.

La iniciativa también excluye la pensión no contributiva establecida en el artículo cuarto constitucional, destinada a personas adultas mayores, así como los sistemas complementarios financiados con aportaciones voluntarias de los propios trabajadores.

La reforma pretende reducir el peso fiscal de las pensiones extraordinarias otorgadas a altos funcionarios y acercar el sistema a criterios de mayor igualdad frente a los ingresos y jubilaciones que recibe la mayoría de la población trabajadora.