AIDA RAMÍREZ

Foto: Concanaco-Servytur

El sector empresarial pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que antes de enviar sus iniciativas respecto al salario mínimo y de pensiones, se lleve a cabo un diálogo con los empresarios, porque “lo primero que queremos es el bienestar de nuestros trabajadores”, señaló el presidente de la Concanaco-Servytur, Héctor Tejada Shaar.

Si bien aseguró que la situación económica para el sector terciario “está mejor que nunca”, advirtió que un cambio de reglas en el juego podría generar un ambiente de desconfianza e inhibir las inversiones.

Por lo que un cambio en el sistema de pensiones, dijo, debe hacerse con “mucha responsabilidad” y después de un análisis que tome en cuenta a trabajadores y organismos patronales.

Y sobre la propuesta de que el incremento al salario mínimo sea siempre por arroba de la inflación, recordó que la Concanaco-Servytur forma parte de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), y que ha estado de acuerdo con los incrementos de los últimos años.

En tanto, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), pidió estudiar el tema de las pensiones a conciencia, para que las finanzas no se vean presionadas con esta decisión, más aun, cuando se estima que al menos en 2024, no se tendrá un crecimiento de la economía considerable.

José Domingo Figueroa Palacios, presidente del organismo, afirmó que la reforma al sistema de pensiones apenas delineada por el presidente López Obrador es regresar a un modelo de jubilaciones inviable, por lo que se requiere una estrategia diferente para destinar recursos de manera eficiente para mejorar los ahorros de los trabajadores para su retiro.

“La propuesta de reformar al sistema de pensiones, anunciada por el gobierno federal para lograr una pensión del 100% del salario, implica regresar a un sistema de beneficio definido, lo que representa un retroceso de 25 años y pone en riesgo los logros alcanzados”, secundó Orlando Corona Lara, presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF.

Detalló que el sistema de beneficio definido administrado por el gobierno federal hasta mediados de la década de los años 90, se caracterizaba por un creciente déficit actuarial que llegó a representar hasta 128.8% del PIB, incluyendo a trabajadores del IMSS y empresas del gobierno como la CFE y Pemex.

“Los sistemas de pensiones del IMSS e ISSSTE, el déficit actuarial representaba el 107% del PIB, y aun cuando estaban lejos de brindar una pensión al 100% del salario, se requería incrementar cuotas del 8.8% (promedio) al 23.3% en el caso de las aportaciones al sistema de pensiones del IMSS, lo que resultaba inviable financieramente”, comentó.