Las constituciones de los países plasman los anhelos de sus gobernados. Esto significa que, en términos de seguridad nacional, un anhelo es una aspiración buscada por un grupo social; cuando esos anhelos son identificados por un gobierno, se convierten en intereses nacionales.

Dejan de ser “sueños” para convertirse en un objetivo nacional, que puede ser coyuntural o permanente. Los permanentes son de tal magnitud que terminan plasmados en la Constitución, para ser protegidos, incluso ante un cambio de gobierno.

En México, estos objetivos permanentes se encuentran en los primeros 29 artículos, que contemplan garantías de igualdad, libertad y seguridad jurídica. No solo las garantías individuales son objetivos nacionales; la conformación de los poderes y las formas de gobierno también forman parte de ellos.
Dentro de estos intereses se encuentra el concepto de soberanía nacional, tema vigente tras la incursión y captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos.

La opinión pública se encuentra polarizada. Según la Constitución y tratados internacionales, el pueblo venezolano sufrió una violación a su soberanía. Esta se entiende como la autodeterminación de un pueblo, es decir, el tipo de gobierno que elige mediante sus poderes electos. Nicolás Maduro fue elegido y ha ejercido su mandato, manteniendo su sistema de gobierno.

Sin embargo, muchos critican la permanencia de un régimen autocrático, con economía precaria, mercado internacional limitado, altos niveles de pobreza, inseguridad y persecución política. Más de 800 detenidos muestran la falta de libertad de expresión y la opacidad en las elecciones.

Esto plantea un dilema: ¿privilegiar el derecho o la justicia? Si se respeta el derecho, Nicolás Maduro es víctima de una incursión ilegal y de la violación de la soberanía venezolana. Si se privilegia la justicia, se justificaría una intervención para apoyar al pueblo y poner fin a un régimen dañino, aun cediendo campos del poder nacional.

El caso de Venezuela demuestra que la potencia más poderosa puede intervenir ante gobiernos que afectan gravemente a su pueblo. La norma y el derecho buscan acercar a la justicia, especialmente cuando los organismos internacionales actúan con tibieza.

El reto ahora es para otros países latinoamericanos, que podrían enfrentar la misma situación si Estados Unidos decide actuar contra estructuras de delincuencia organizada o corrupción, bajo la justificación de proteger sus intereses nacionales. El presidente Trump ya ha señalado que continuará su combate por tierra, tras su éxito marítimo.

Esto plantea preguntas críticas para México: ¿una intervención sería unilateral o bilateral? ¿Cuáles serían los objetivos de Estados Unidos y coincidirían con los nuestros? ¿Se convertiría nuestra clase política en un interés externo?

Finalmente, cabe cuestionar a los ciudadanos: ¿estarían dispuestos a ceder parte de la soberanía para combatir la corrupción y los grupos delictivos que han gobernado por décadas? ¿No es momento de replantear la visión romántica de soberanía y priorizar políticas reales contra lo que más daño hace al país?

La reflexión queda abierta, mientras el reloj nacional sigue avanzando.