RICARDO MONREAL

El fenómeno migratorio es una realidad que no se detendrá. Los múltiples registros en el aumento de personas que se encuentran en movilidad transfronteriza mundial –incluidas familias, mujeres y menores de edad solos–, así como la peligrosidad de las rutas irregulares que transitan y que, en ocasiones los lleva a arriesgar su vida, es directamente proporcional a la falta de oportunidades, carencias socioeconómicas e inseguridad que viven las y los migrantes en sus países de origen. A lo anterior se suma la falta de políticas que deriven en una gestión del fenómeno migratorio seguro, regular y ordenado.

El 3.6 por ciento del total de la población del mundo son migrantes, y en su mayoría lo hacen para buscar mejores oportunidades laborales. El corredor migratorio entre México y los Estados Unidos representa cerca del 4 por ciento de la migración global, es decir, es el más grande del mundo y también el cruce terrestre más letal.

Las cifras recientes de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) reportan un aumento general del 62 por ciento en el flujo migratorio hacia México con destino a Estados Unidos y un incremento del 59 por ciento de menores no acompañados; además de que casi a diario las autoridades migratorias mexicanas reportan la localización de personas migrantes en trayectos de sur a norte que son transportadas por traficantes. Al mismo tiempo, México se ubica -junto con España- como el tercer país en el mundo con el mayor número de nuevos solicitantes de asilo después de Estados Unidos y Alemania.

La realidad a la que nos enfrentamos como un país históricamente de expulsión, tránsito y retorno de migrantes, es que también somos una nación de acogida, sumando nuevos retos que atender: cuidado de la diáspora mexicana, el tránsito de personas migrantes regionales y transcontinentales, y la integración socioeconómica de las y los connacionales en retorno como de las y los extranjeros.

El contexto migratorio pareciera rebasarnos, con ejemplos de lo apremiante de la situación en todo el mundo. El Gobierno mexicano se ha esforzado en atenderlo mediante los programas productivos y sociales en el sureste mexicano y el Triángulo Norte centroamericano que se dirigen a resolver las causas de raíz de la migración.

Sin embargo, la necesidad de migrar continúa. Como he escrito anteriormente, es necesario concretar acuerdos bilaterales y regionales, así como políticas públicas adecuadas para la gestión de vías migratorias seguras y regulares. Se requiere la participación de todos los países involucrados, siendo claros de que se trata de un fenómeno multidimensional que hay que atajarlo desde una perspectiva humana y empática con propuestas de solución ágiles con base en el análisis de datos, con esquemas coordinados de prevención y seguimiento de delitos contra las personas migrantes, e instrumentar marcos legislativos y políticas públicas hacia la integración social y productiva en los países de acogida.

México es un actor clave en la gestión migratoria, y por ello su capacidad y responsabilidad debe ser sólida y resiliente. Debemos ser líderes en la implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo, con esquemas de migración flexible y de movilidad temporal circular que aseguren el acceso a mercados de trabajo dignos, habilitar proyectos de capacitación bilaterales para la formación de personas con deseos de migrar, pero también con medidas que consoliden la permanencia de las personas en su país de origen, explorar programas hacia la inversión productiva de las remesas y la integración socioeconómica de las y los migrantes.

Lograrlo materializaría el fenómenomigratorio como parte importante del desarrollo sostenible local, nacional, regional y global, siempre con la plena participación de todos los niveles de Gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial, así como con los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de la región latinoamericana.

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