Entre gritos y pancartas diputados locales discutieron un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a investigar los posibles nexos, financiamiento y participación de Alejandro Moreno Cárdenas y de la dirigencia nacional del PRI en los hechos violentos ocurridos durante la marcha del 15 de noviembre, así como su posible vinculación con grupos porriles.

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Sin embargo, los legisladores del PAN y PRI no votaron, con lo que rompieron el quórum y el tema no logró avanzar ante el pleno, por lo que tendrá que volver a ser votado la próxima semana.

Durante el debate, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, exigió al PRI sacar las manos de las marchas juveniles, ya que el derecho a la protesta es sagrado y una conquista social de la izquierda y de los pueblos organizados.

En ese contexto, aseveró que la violencia en la marcha del 15 de noviembre no fue accidental ni espontánea, y que gracias a ciudadanos se logró captar la presencia de grupos organizados que portaban radios y herramientas de construcción, incluidas sierras. Esto, añadió, evidencia una operación profesional destinada a provocar una confrontación directa no sólo con la policía, sino también con los propios manifestantes.

El diputado Paulo García dijo por su lado que la dirigencia nacional del PRI organizó y financió la violencia. El legislador también responsabilizó directamente a Alito Moreno de todo lo que le pueda pasar a los simpatizantes del PRI que denunciaron esto.

RECHAZA PRI

El PRI señaló por su lado que las recientes maniobras para involucrar al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, así como a los liderazgos de este instituto político en la capital y en el Estado de México, en los sucesos violentos del pasado 15 de noviembre en la capital de la República son, una vez más, un intento burdo de fabricar culpables donde no existen hechos, pruebas ni sustento legal alguno.

Acusaron que, en el Congreso local, legisladores de Morena, impulsan de manera apresurada y arbitraria la creación de una comisión investigadora, sin facultades claras, sin sustento jurídico y sin un solo elemento objetivo que justifique su existencia. “Ni siquiera está conformada y ya pretenden usarla como herramienta de persecución política. Queda claro que esta ofensiva responde más a intereses políticos, que a la búsqueda genuina de justicia”, dijo.

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