Mientras el Senado discutía reformas a la ley antilavado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya tenía una lista. Tres instituciones financieras mexicanas –CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa– fueron señaladas como piezas clave en el lavado de dinero del narco. No fue un tuit o un rumor. Fue una acción oficial del gobierno de Estados Unidos.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con cautela. “Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba. Son dichos”, dijo. Pero, tras advertir la falta de pruebas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino CIBanco e Intercam y sustituyó a sus directivos. Si no hay evidencia, ¿por qué la intervención?
LA SOSPECHA
La agencia FinCEN –la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU.– identificó a estas tres instituciones como “preocupación principal de lavado de dinero” en relación con el tráfico ilícito de opioides. Las órdenes emitidas les prohíben realizar ciertas transferencias de fondos.
Esta es la primera vez que se aplican sanciones bajo la nueva Ley FEND Off Fentanyl, diseñada para cortar el flujo financiero de los cárteles. Según el propio Tesoro, estos bancos facilitaron millones de dólares en pagos para adquirir precursores químicos desde China. Y, con eso, fentanilo.
ALFONSO ROMO
De los tres nombres, uno destaca por sus implicaciones políticas. Vector Casa de Bolsa, señalada por lavar dinero al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo, fue propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de Presidencia de López Obrador. Actualmente es “presidente honorífico”. Y ahora también, protagonista incómodo.
El vínculo incomoda. Porque Romo no es un financiero más. Fue parte del equipo de confianza del expresidente. Lo acompañó en campaña, fue su operador oficial, lo vinculó con el empresariado. Ahora, su casa de bolsa aparece en el mismo expediente que narcos, químicos chinos y sobornos millonarios.
LA SECUELA
El expediente también revive un viejo fantasma: Genaro García Luna. FinCEN encontró evidencia de que Vector participó en transacciones ligadas a sobornos que el Cártel de Sinaloa le pagó al exsecretario de Seguridad.
“Entre 2013 y 2019, una empresa controlada por García Luna realizó transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares”, dice el informe.
Y no fue todo. También se identificaron “mulas de dinero”, empresas fachada y contratos con dependencias mexicanas. Una red que desvió recursos públicos a paraísos fiscales y luego los reingresó para pagar favores. El clásico ciclo del lavado, pero esta vez con la complicidad de bancos formales.
EFECTO DOMINÓ
No se trata sólo de reputación. Las consecuencias pueden escalar rápido. Hablamos de pérdida de confianza de inversionistas y clientes. De restricciones para operar en dólares. De la revisión de relaciones con otros bancos.
Y sí, puede haber impactos políticos. Tensiones con Estados Unidos si se minimiza el caso. Daños colaterales al sistema financiero mexicano. Preguntas incómodas sobre el blindaje que tuvieron estos bancos durante años.
A pesar del escándalo y sus impactos, la reacción del gobierno de México fue cautelosa. Mientras Estados Unidos le pone nombre y apellido, aquí solo se repite una frase: “No hay pruebas”.
Pero las pruebas ya llegaron. Tienen nombres, montos y fechas. Tocan no sólo a los bancos. Rozan a quienes se sentaron en la mesa del poder. Y hoy, como siempre, quieren lavarse las manos.
EL DATO INCÓMODO
Según un informe de la Universidad Iberoamericana, el desplazamiento interno por crimen organizado creció 129% de 2023 a 2024. Sólo ese año, casi 29 mil personas huyeron. La cifra podría aumentar con la persecución migratoria de Estados Unidos y la cancelación de CBP One.
