Recordarán, amigos lectores, que el 26 de septiembre, tras un reporte que vinculaba a Adán Augusto López con ingresos millonarios no declarados, el senador dijo saber “de parte de quién y de quiénes vienen los ataques”. Tras el acoso a su persona e insistencia de información por parte de los medios, señaló que lo haría público “cuando lo considere políticamente oportuno”.

Al parecer, llegó el esperado momento para el líder del Senado, si bien es cierto no lo señaló directamente, por no ser políticamente correcto, también lo es que el desarrollo de las últimas horas en torno al Senado y la Presidencia de la República no sugieren otra cosa. La visita emergente a Palacio Nacional, la convocatoria urgente a sesión en pleno, la instrumentación confusa y poco creíble de una carta publicada por el fiscal general amplía las sospechas, a tal grado que ni la embajada ofertada se sabe, prueba fehaciente de la urgencia por sacarlo de la oficina de procuración federal.

Recordemos que la Constitución señala que la separación del cargo de fiscal general sólo puede ser por violaciones graves, abuso de autoridad, uso indebido de recursos públicos, actos u omisiones que afecten gravemente la procuración de justicia o la autonomía de la Fiscalía, y conductas que comprometan la imparcialidad, legalidad u honradez del cargo. Entonces, no es sujeto de renuncia voluntaria ni automática, pues él mismo tendría que invocar una causa grave debidamente motivada, y la carta no la señala, porque la invitación a “ocupar una embajada amiga” no lo es.

Se asomó, de igual manera, otro “fuego amigo”, pero de la Presidencia de la República: el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien de forma prudente y hasta tímida apoyó al fiscal saliente y cuestionó su separación.

El broche quedó cerrado con la preferencia para el cargo de fiscal general a la hoy incondicional de Andrés Manuel López Obrador y consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien ha demostrado lealtad al equipo inmediato de la Presidenta, lo que sugiere que terminarán congeladas las investigaciones de tinte político-morenista.

¿Se cerró el círculo perfecto? El tiempo lo dirá y se verán indicios en materia de seguridad, donde el secretario Omar García Harfuch deberá ser prudente para no investigar a funcionarios y aliados del partido morenista, aunque algunas de sus investigaciones eventualmente lleguen a la máxima cúpula de la delincuencia dorada en México: la suma del poder económico, político y social. Impunidad, al fin.

No debemos olvidar al presidente de los Estados Unidos, quien lleva meses en espera de resultados de extradiciones político-criminales, buscando señalar que México se encuentra administrado por corruptos e ineficientes ligados al crimen organizado, como cuando aseguró que “México está gobernado en buena medida por los cárteles”.

La violencia e inseguridad en México tienen un futuro incierto, cambiante y ambiguo, que se complica cada minuto. Los mexicanos, divididos y buscando paz, enfrentan una clase política que se resiste a la transparencia y a la renovación de sus cuadros. Se vislumbra una impunidad aún más peligrosa, con políticos y empresarios intocables jurídicamente, aunque no mediáticamente.

¿Será que las próximas víctimas del ejercicio del poder sean algunos medios y comunicadores incómodos? Espero equivocarme.