La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la integración de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó el fin de beneficios extraordinarios para ministros, tras presentar una comparación detallada de salarios y prestaciones antes y después de la reforma, aplicada a partir de septiembre de 2025.

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Con la exposición de una tabla comparativa, la mandataria afirmó que el cambio en la Suprema Corte no se limitó a una reducción salarial, sino a la eliminación de un amplio catálogo de apoyos administrativos, seguros y servicios personales que operaban como privilegios no justificados dentro del Poder Judicial.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el sueldo mensual neto de un ministro pasó de 206 mil 947 pesos a 134 mil 310 pesos en 2026, aunque subrayó que la diferencia sustantiva se concentró en las prestaciones adicionales que acompañaban a la remuneración, muchas de ellas ajenas a la función jurisdiccional.

La presidenta detalló que, con la nueva integración de la Corte, dejaron de otorgarse seguros de gastos médicos mayores, seguros de separación individualizada, pagos por riesgo, estímulos por antigüedad y coberturas complementarias de salud, rubros que representaban montos elevados en el gasto anual por cada ministro.

En el desglose presentado, Sheinbaum mencionó que el seguro de separación individualizada alcanzaba más de 523 mil pesos, el pago por riesgo superaba 639 mil pesos y el gasto en medicinas complementarias llegó a un millón 953 mil pesos programados para 2026, conceptos que quedaron en cero con la nueva normatividad.

También precisó que otros beneficios como chequeos médicos, apoyos alimentarios, telefonía, materiales bibliográficos y seguros institucionales se cancelaron o redujeron de manera significativa, al considerarse incompatibles con el principio de austeridad que rige a la administración pública federal.

Un apartado central de la exposición correspondió al área de atención a ministras y ministros, donde, según la información administrativa citada por la presidenta, se cancelaron 59 apoyos de carácter no oficial de un total de 149 existentes, los cuales incluían servicios domésticos, trámites personales y gestiones ajenas al quehacer judicial.

Entre los apoyos eliminados se encontraban la contratación de servicios para domicilios particulares, mantenimiento de instalaciones privadas, compra de alimentos, gestiones en espectáculos deportivos, reservaciones en restaurantes, traslados de amistades y familiares, así como el uso de personal institucional para actividades personales.

Sheinbaum enumeró también la supresión de servicios como compras de regalos, boletos de avión, reservaciones de hospedaje, mantenimiento de jardines, inscripciones escolares, pago de colegiaturas, trámites bancarios y apoyo hospitalario para personas indicadas por los ministros, prácticas que calificó como parte de una lógica de privilegio ya superada.

La mandataria aclaró que la información presentada provino de áreas administrativas del propio Poder Judicial y no de estimaciones externas, con el objetivo de mostrar de manera transparente el contraste entre la Corte del pasado y la nueva etapa institucional.

Finalmente, sostuvo que la eliminación de estos beneficios respondió a un mandato de austeridad republicana y de uso responsable de recursos públicos, al afirmar que “sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”, en referencia al modelo que comenzó a operar tras la reforma y la integración de septiembre de 2025.