El Servicio de Administración Tributaria (SAT) decidió hacer públicos los criterios de programación de auditorías, con el objetivo de “establecer piso parejo en el cobro de las contribuciones y brindar certidumbre jurídica a las y los contribuyentes”, por lo que, para 2026 estaría auditando a unos 16 mil 200 contribuyentes de los 66 millones 825 mil 304 contribuyentes que tiene registrados.

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Del grupo de grandes contribuyentes serían mil 200, 6.3%, de los 15 mil 873 existentes; alrededor de 12 mil, 0.02%, de los 66 millones 809 mil 431 de pequeños y medianos; y tres mil, 2.5%, de los 116 mil 467 que llevan a cabo comercio exterior.

La autoridad fiscal señaló que son 12 sus indicadores de riesgo, por lo que “solo audita a los contribuyentes que son identificados con conductas de alto riesgo para dejar de pagar impuestos, dejar de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor ilegales”.

En esta lista se ubican los supuestos o quienes celebran operaciones con empresas denominadas “factureras o nomineras”; que presentan pérdidas fiscales recurrentes; que simulan o abusan de deducciones; obtienen ingresos que no son declarados; que abusan de estímulos fiscales.

También, que presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden; que importan productos con precios por debajo del mercado, e incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias; que no pagan retenciones por sus empleados; que realizan operaciones con paraísos fiscales; que solicitan devoluciones improcedentes, y aquellos que pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

Por otro lado, el brazo recaudador del gobierno federal precisó que los criterios de selección y número de auditorías se llevan a cabo a partir de la identificación de dichas conductas, por lo que se prioriza el inicio de auditorías a los contribuyentes que presentan mayores calificaciones de riesgo.

A principios de este año, presentó el Plan Maestro 2025 con el que, dijo, pretende garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar la corrupción, para recaudar 5.3 billones de pesos.

De ahí que se estarían verificando los sectores económicos que son de alto riesgo en evasión por los grandes contribuyentes, además de fortalecer el combate al contrabando y la fiscalización en materia de comercio exterior.

Y que a través del uso de herramientas tecnológicas se vigilarían para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la detección de irregularidades en las obligaciones fiscales y patronales, así como en la comercialización y distribución de combustibles.

No obstante, hasta el momento el gobierno federal, por medio del SAT, no ha dado a conocer la recaudación obtenida por la aplicación de estas medidas, al menos hasta al primer semestre de 2025.

El SAT reiteró su compromiso de seguir empleando mecanismos de auditoría rigurosos y en estricto apego a la ley para combatir la evasión y la elusión fiscal, con el fin de consolidar un sistema tributario justo y equitativo por el bienestar de México.