El Servicio de Administración Tributaria (SAT), afirmó que “es falso”, que los trabajadores del organismo podrán portar armas de fuego para el cumplimiento de sus funciones.

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Precisó que el objetivo principal de la reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, aprobada por el Congreso de la Unión, es fortalecer el control sobre la posesión y uso de armas en México y endurecer las sanciones contra el tráfico ilícito de dichos artefactos.

En una tarjeta informativa, el brazo recaudador del Gobierno de México, precisó que otro de los fines de las modificaciones a la legislación es regular, de manera más estricta, la portación y comercialización de armamento en el país, además de que se busca fomentar la cultura de la paz, mediante campañas permanentes de desarme.

El SAT precisó que cuenta con licencia autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, “única y exclusivamente” en la modalidad de Seguridad privada en los bienes, la cual proporciona servicios de seguridad y protección a instalaciones y edificios del SAT.

“Lo anterior significa que el personal administrativo de esta institución no porta, ni portará armas para el desarrollo de sus funciones diarias”, aseveró.

El organismo recaudador perteneciente a la Secretaría de Hacienda indicó que el proyecto de decreto señala que los organismos públicos que obtengan la licencia oficial colectiva, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “sólo podrán emplear el armamento autorizado en funciones de carácter oficial y de seguridad pública”.

Y es que el SAT hace estas precisiones, luego de que tras la aprobación de la reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, algunos medios afirmaron que con las modificaciones hechas y aprobadas por la Cámara alta, el pasado 30 de abril, no solamente el SAT, también empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Petróleos Mexicanos (Pemex); Casa de Moneda, Centro Nacional de Inteligencia y del Banco de México, podrían portar armas para cumplir con sus funciones de seguridad, además de que en esta reforma, también se permitirá la posesión de armas de fuego como un rifle calibre .22 mm o una escopeta de cualquier calibre en sus domicilios, a ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, “para su legítima defensa”.