Al discutir la Ley Registral del estado de Guerrero, que establecía algunos requisitos para dirigir el Registro Público de la Propiedad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es fundamental garantizar que el acceso a la función pública se rija por criterios objetivos y claros, y no en juicios de valor personales o prejuicios de la autoridad.

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La ministra Loretta Ortiz explicó que, en un Estado democrático, que reconoce y valora la pluralidad de pensamientos, creencias y proyectos de vida, no caben distinciones basadas en concepciones morales subjetivas.

Y es que, el Ejecutivo federal impugnó la Ley Registral de Guerrero, que señalaba que para ser titular del Registro Público de la Propiedad se debería tener un modo honesto de vivir, ser de reconocida probidad y solvencia moral y no estar sujeto a procedimiento por delito que merezca pena privativa de libertad.

Los ministros señalaron que estos requisitos vulneraban los derechos a la igualdad, la no discriminación, acceso a la función pública y los principios de legalidad y seguridad jurídica.

El proyecto propuesto por la ministra Ortiz propuso invalidar estos tres requisitos por considerarlos subjetivos, poco claros y contrarios a la Constitución.

“Tener un modo honesto de vivir depende del juicio subjetivo de la autoridad y no aporta criterios para definir qué se considera honesto, lo que puede dar lugar a exclusiones”, señaló la ministra. Con ello, se eliminan barreras discriminatorias que abrían la puerta a juicios personales, prejuicios o discriminación, en el acceso a cargos públicos.

Además, la Corte realizó la segunda audiencia pública para escuchar a las asociaciones y personas con discapacidad sobre el proyecto que propone dejar de hacer obligatoria la consulta a este grupo antes de aprobar leyes que les afecten, donde la mayoría de los participantes insistió en que es una regresión.