PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila a declarar la validez de la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 de la Constitución, pues cuatro ministros han manifestado su desacuerdo con el proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar.
Los ministros Yazmín Esquivel Mossa, Loreta Ortiz Ahlf, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis Alcántara Carrancá, manifestaron su oposición a invalidar una norma constitucional, con lo que ya no se alcanzarán los 8 votos necesarios para declarar la inconvencionalidad de esta figura.
Al iniciar la discusión del tema, el ponente del caso, explicó que se está eliminando la prisión preventiva en automático, pues prevalece la prisión preventiva justificada, en el casxo de delitos graves, y la oficiosa podría aplicarse en el caso de que un juez determine que el inculpado es un peligro para la sociedad, pero no de manera automática.
Al resolver las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacionald de Derechos Humanos (CNDH) y un grupo de senadores de oposición, explicó que esa figura es contraria a los derechos humanos, establecidos en el artículo 1 de la propia Constitución, por lo que se declara la invalidez del artículo 167 párrafo séptimo del Código Nacional de Procedimientos Penales y del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional por establecer esta figura de manera oficiosa, absoluta, desproporcionada y automática.
Pero insistió en que esto no significa que la Corte atente o busque obstaculizar la persecución de los delitos, sino se privilegia la defensa de las personas más pobres y vulnerables, que generalmente no tienen acceso a una defensa adecuada.
Sin embargo, aclaró que esto no significa que quienes estén actualmente detenidos con esa figura sean automáticamente liberados, pues será un juez el que determine eso y aclaró que también se establece que la prisión preventiva deberá ser revisada periódicamente.
A su vez, la ministra Yazmín Esquivel Mossa, una de las propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió que no atender a las víctimas en esta discusión es inacetable y acotó que la Corte no tiene atribuciones para hacer incumplir una norma constitucional, además de que quienes impugnaron esta legisalción no pusieron en duda el articulo 19 de la Constitución y por tanto no se puede invalidar una norma no combatida por los demandantes.
Advirtió además que la SCJN carece de facultades para invalidar normas que no pidieron los demandantes y enfatizó que estas leyes fueron aprobadas también por 29 congresos estatales, lo cual no puede ser desechado simplemente.
En este sentido, sentenció que el poder del crimen organizado es un verdadero riesgo para víctimas e incluso los propios inculpados, por el poder económico que representa.
La ministra Loreta Ortiz Ahlf rechazó también el sentido del proyecto presentado y advirtió que las propias instancias internacionales no considera per se la prohibición de la prisión preseventiva oficiosa.
Añadió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolverá en breve sobre este tema, lo que dará más luz a la legisalción mexicana, y acotó que la Corte no puede expulsar una norma del ordenamiento jurídico vigente.
Aclaró que la propia Constitución establece claramente que es el poder Constituyente, es decir el Legislativo, el único facultado para modificarlo, lo que llevaría a cuestionar la decisión de poderes en México.
El ministro Alberto Pérez Dayán coincidió en que no le corresponde a la SCJN “arrancarle hojas a la Constitución” y sentenció que no le corresponde al poder Judicial modificar el texto constitucional, que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
En el mismo sentido, el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá señaló que si bien está en contra de la prisión preventiva oficiosa, se tiene que respetar la división de poderes, por lo que estuvo en contra de aprobar el proyecto del ministro ponente.
Este martes continuará la discusión para que los ministros faltantes fijen su posición.

CIUDAD DE MÉXICO, 14JULIO2022.- Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), clausuró el Primer Periodo Ordinario de Sesiones 2022.
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