Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado de la República se prepara para discutir esta semana la Ley Federal de Derechos, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la Ley de Ingresos de la Federación, que contemplan ajustes en los costos de productos y servicios que presta el Estado.

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Tras la polémica que se generó en San Lázaro por diversas disposiciones de estos instrumentos fiscales, los senadores iniciarán el análisis del paquete económico, que deberá ser devuelto a la Cámara de Diputados antes del 31 de octubre para su ratificación. A partir de ese momento comenzará el estudio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

Entre las principales críticas de la oposición destacan los incrementos en las tarifas de entrada a museos, permisos de inmigración y la posibilidad de vigilancia a usuarios en plataformas digitales.

En paralelo, la Cámara de Diputados mantendrá una intensa actividad legislativa. En vísperas del debate presupuestal, los legisladores iniciarán el análisis de la nueva Ley de Aguas Nacionales, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 9 de octubre, la cual busca reformular el marco jurídico del agua en México.

La propuesta pone énfasis en el carácter público del recurso hídrico, el derecho humano al acceso al agua y el combate al acaparamiento y la mercantilización, mediante nuevas reglas de concesión y fortalecimiento de la gestión comunitaria y sustentable.

Asimismo, los diputados deberán comenzar a estudiar la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, anunciada por la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy.

La propuesta busca homologar el tipo penal de extorsión en todo el país y establecer mecanismos uniformes para su persecución, con penas de prisión de seis a quince años y multas de entre 11 mil 314 y 56 mil 570 pesos, dependiendo de la gravedad y agravantes como violencia, amenazas o participación de servidores públicos.

En el marco de esta intensa agenda legislativa, también está prevista una reunión entre diputados federales y Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, para analizar las líneas generales de la próxima reforma electoral, que será presentada en febrero de 2026.

La Corte abre audiencias públicas con personas con discapacidad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebrará esta semana su primera audiencia pública para escuchar los puntos de vista de personas y organizaciones de la sociedad civil que representan a la comunidad con discapacidad.

El proceso se origina en la acción de inconstitucionalidad sobre la falta de consulta previa en normas generales. En su proyecto, la ministra Lenia Batres Guadarrama propuso abandonar el criterio de consulta obligatoria y analizar caso por caso la validez de las normas, en el contexto de la revisión de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán.

La ministra argumentó que las figuras de consulta previa y consulta indígena se han utilizado en ocasiones como mecanismos para frenar leyes, incluso cuando estas benefician a las comunidades.

Ante ello, asociaciones civiles y personas con discapacidad solicitaron ser escuchadas antes de que se emita una resolución. La Corte recibió 336 solicitudes y, tras la verificación de requisitos, 102 ponentes expondrán sus opiniones entre lunes y miércoles.

Se trata de la primera vez que la SCJN aplica la figura de audiencias públicas para recabar directamente opiniones ciudadanas sobre temas legislativos con impacto social.