En agosto de 2023, mediante un decreto emitido por la Presidencia de la República que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, se determinó que los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) se transferirían al Fondo de Salud para el Bienestar, administrados por el IMSS-Bienestar, lo que ha propiciado menor transparencia en el uso de los recursos públicos.

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Al llamado, se sumaron 23 entidades -todas de extracción morenista-, pero nueve entidades se negaron a firmar el acuerdo, y siguen aportando recursos estatales para un mejor funcionamiento del sistema y también figuran entre las más transparentes, señaló la consultora aregional.

Tras lo anterior indicó, al presentar el Índice de Transparencia del Gasto en Salud (ITGSEF) 2025, se aseguró que desde 2022, el promedio de las 32 entidades del país en rendición de cuentas en materia de salud registra una tendencia descendente, ubicándose en 44.93 puntos, en una escala en la que cero es transparencia nula, y 100 es prácticamente trasparente.

Y solamente cinco entidades lograron un rango alto de transparencia, esto es, Guanajuato con 81.79 puntos, seguido de Sinaloa, Jalisco, Querétaro y Aguascalientes, destacando Sinaloa por ser gobierno ganado por Morena; Yucatán fue el único estado con Suficiente transparencia con 66.85 puntos, mientras que más del 80%, esto es, 26 estados reprobaron el ITGSEF, al no presentar información fiscal o hacerlo deficientemente.

En relación con 2024, el Índice disminuyó 0.45 puntos, es decir, una cifra reprobatoria en la disponibilidad de información fiscal al ubicarse el promedio nacional en 44.93 puntos, que evidencia el desinterés de los responsables de esta área en hacer pública la información.

Los estados reprobados en el ITGSEF, con puntuaciones menores de 44.93, están liderados por Campeche, Sonora, San Luis Potosí, Morelos, Tabasco, Colima, Puebla, Estado de México, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz, Chihuahua, Chiapas, Baja California, Oaxaca, Michoacán, Nuevo León e Hidalgo.

Les siguen Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit y Zacatecas que se colocan entre 51.15 y 44.98 puntos.

Y no obstante que cuentan con recursos técnicos, humanos y financieros, 26 gobiernos estatales “simulan subir información pública y ser transparentes, pero en realidad incumplen la ley y el derecho humano de acceso a la información, al publicar en sus portales datos incompletos, desorganizados o en formatos inaccesibles, como PDF no editable“, acusó Cutberto Anduaga, director de la firma.

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Elisa Flores Silva, líder del proyecto, explicó que el Índice mide la disponibilidad, calidad y accesibilidad de la información fiscal y de gestión en salud pública a través de seis bloques: Marco normativo, Planeación presupuestal, Informes financieros, Adquisiciones, Control de inventarios y Certificaciones de calidad.

Cada bloque analiza documentos públicos, formatos digitales y sistemas de reporte, asignando puntajes según su actualización, desglose y formato.

En este tenor, el bloque 1, que evalúa la publicación de leyes y normativas, es el único con suficiente transparencia con 68.83% de cumplimiento y una variación de 2.2% anual, pero en la revisión se observa que se suben documentos mínimos como leyes de salud, pero sin actualizarlos ni vincularlos a programas concretos, esto es, “19 estados no publican sus Programas Sectoriales de Salud, símil del plan estatal de desarrollo, debería de estar como un instrumento de planeación básico dentro del sector”.

En el bloque 3, sobre costos operativos, se alcanza un promedio de 45.56%, donde 75% de los gobiernos estatales son deficientes en transparencia en cuatro de los seis bloques.

Los directivos de aregional señalaron que el modelo IMSS-Bienestar plantea nuevos retos, “al concentrarse en la Federación, el gasto en salud ahora se reporta como un bloque en la Ciudad de México, sin desglose por entidad“, lo que podría impedir el rastreo de recursos para medicamentos o equipos por estado, pero reconocen que será hasta 2026 cuando se pueda evaluar plenamente su impacto, con particular interés en Yucatán que acaba de entrar al convenio.

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“El gobierno federal tiene la oportunidad de instaurar estímulos y castigos para que los recursos se hagan mayormente transparentes”, aseguraron