En medio de la discusión que inició la tarde de este martes en el Senado de la República sobre la reforma al Poder Judicial, sectores de la iniciativa privada pidieron a los senadores actuar con sensatez, y si bien advirtieron de algunas situaciones que se podrían observar en contra de la estabilidad económica y política del país, también hicieron ver que la economía del país seguirá creciendo.

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Sergio Contreras Pérez, presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), aseguró que con la reforma al Poder Judicial “no nos estamos dando un balazo en el pie”, pues la economía del país posee fortaleza, pues ya se estima que en los siguientes dos años el país capte más de 48 mil millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) por nearshoring.

Por lo que cuestionó que se hable de que se han frenado inversiones por 30 mil millones de dólares, “yo no sé de dónde sacan esas cifras”, aseveró.

Agregó que el sector empresarial tiene certidumbre, pues los datos colocan a la nación como el noveno exportador global y el noveno destino de inversión en todo el mundo.

“Los empresarios de la pequeña y mediana industria, los grandes empresarios, ya tienen grandes intereses y han forjado todo un futuro para sus propias operaciones económicas y empresariales. Estas cosas (la reforma al Poder Judicial), son cuestiones que se tienen que vivir; pero al final de cuentas, pues no nos estamos dando un balazo en el pie, seguimos creciendo y seguiremos creciendo”, dijo.

En tanto, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) reiteró su preocupación por las consecuencias económicas y financieras que implica la aprobación de dicha reforma “tal y como se encuentra planteada”.

Aseveró que la reforma –que incluye, entre otros temas, reducir el número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la elección de los jueces por voto popular– “disminuiría la confianza y seguridad jurídica de los inversionistas debido, entre otros factores, a la incertidumbre en el proceso de designación de los jueces.

“Así como a la posible politización en las designaciones, lo que abriría la puerta para que los jueces pudieran enfrentar presiones externas que puedan comprometer su independencia e imparcialidad”, señaló el organismo que encabeza José Domingo Figueroa.

De ahí que, consideró, se requiere que esta reforma, cuando menos, garantice un Poder Judicial con todas las garantías de imparcialidad e independencia, por medio de un proceso de nombramientos adecuado, libre de presiones externas donde los perfiles profesionales más competentes prevalezcan con estabilidad en su encargo.

También, un sistema de justicia capaz de resolver conflictos, que sancione a quienes cometen delitos y garantice protección a la persona frente al Estado; que atienda las causas de la baja efectividad de la justicia y la lucha contra la impunidad, considerando a todas las instituciones que integran el sistema de justicia y no solo a los poderes judiciales.

Asimismo, que se dé certeza a los inversionistas de que existe un mecanismo judicial para ampararse frente a actos de autoridad o para litigar controversias, concesiones denegadas o permisos rechazados que vulneren sus derechos.

Dijo que se requiere seguridad para los inversionistas de tener la posibilidad de dirimir disputas comerciales en los tribunales expertos en materia energética, minera, de telecomunicaciones o de cualquier otra índole.