Senado aprueba con 111 votos la nueva Ley General de Economía Circular

El nuevo marco jurídico establece mecanismos para reducir residuos, ampliar el aprovechamiento de materiales y coordinar acciones entre los tres órdenes de gobierno



Imagen cortesía del Senado de la República.

Con 111 votos a favor, el Senado autorizó la expedición de la Ley General de Economía Circular, con lo que quedó aprobado el proyecto enviado por la Cámara de Diputados y se remitió al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales correspondientes. La decisión marca el inicio de un nuevo marco legal que busca impulsar prácticas de producción y consumo orientadas a la reutilización, la valorización y el aprovechamiento de materiales.

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Previo a la discusión del dictamen, Verónica Camino Farjat, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, presentó una moción para dar trámite de urgente resolución a la minuta. La propuesta fue respaldada con 72 votos a favor y 30 en contra, bajo el argumento de que el país requiere avanzar con rapidez hacia políticas que respondan al deterioro ambiental y permitan fortalecer la competitividad mediante esquemas de circularidad.

El proyecto aprobado no sólo expide la Ley General de Economía Circular, sino que incorpora reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Entre sus disposiciones se establece la distribución de facultades entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México, además de definir instrumentos para mejorar el uso y la vida útil de productos, materiales y residuos.

La nueva ley crea el Sistema Nacional de Economía Circular, por lo que los tres órdenes de gobierno coordinarán acciones, programas y políticas y será la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la responsable de formular la política nacional en la materia, elaborar el Programa Nacional de Economía Circular, que tendrá carácter obligatorio, y emitir la Norma Oficial Mexicana correspondiente, así como los estándares y lineamientos técnicos necesarios.

El ordenamiento incorpora el concepto de reciclaje inclusivo, que reconoce la actividad de personas recicladoras y promueve su integración en los procesos de valorización mediante modelos que garanticen su participación.

Durante los posicionamientos, los grupos parlamentarios coincidieron en que esta ley representa una transición hacia un esquema productivo más sostenible, con potencial para generar empleos verdes, reducir la presión sobre los recursos naturales y fomentar prácticas de innovación.

Se destacó que la circularidad permitirá al país adoptar modelos utilizados a nivel internacional, mejorar la educación ambiental, incentivar la reutilización y establecer responsabilidades claras para productores, distribuidores, consumidores y autoridades.

En el debate también se subrayó que esta legislación ofrece lineamientos uniformes para las empresas en todo el territorio nacional, fortalece la responsabilidad compartida y define una ruta de trabajo común para mejorar la calidad de vida, reducir costos y promover un desarrollo económico más equilibrado y ambientalmente responsable.