En medio de reclamos de la oposición, las comisiones unidas del Senado de la República aprobaron este jueves 24 de abril, mediante un proceso fast track, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las comisiones de Radio y Televisión, Comunicaciones y Transportes, así como la de Estudios Legislativos, avalaron el dictamen con 29 votos a favor —todos provenientes de la mayoría oficialista— y 9 en contra, por parte de legisladores de oposición.

Se prevé que el dictamen sea discutido y votado en el Pleno del Senado el próximo lunes 28 de abril.

¿Qué plantea la nueva Ley de Telecomunicaciones?

La reforma propone una transformación profunda del marco regulatorio en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Entre sus principales puntos destaca la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que asumirá funciones del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Esta nueva entidad tendrá facultades para regular el espectro radioeléctrico, las redes públicas, las concesiones, así como la infraestructura activa y pasiva de telecomunicaciones y radiodifusión. Además, podrá modificar o recuperar bandas de frecuencia, gestionar recursos orbitales, e incluso bloquear plataformas digitales que incumplan las normativas nacionales, sin requerir intervención judicial.

Según el documento, la finalidad de la reforma es garantizar el cumplimiento de los artículos 6º, 7º, 27 y 28 de la Constitución, y asegurar un acceso equitativo y eficiente a las tecnologías de la información.

¿Se trata de censura? La oposición alza la voz

Durante el debate, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la iniciativa representa un atentado directo contra la libertad de expresión. Ricardo Anaya calificó la propuesta como una “Ley Censura”.

Por su parte, la senadora Lilly Téllez (PAN) fue tajante:

“La presidenta Sheinbaum no solo pretende un atentado, sino el tiro de gracia a la libertad de expresión. Esta ley le da facultades para apagar redes sociales y retirar concesiones de radio y televisión cuando el contenido no le guste”.

De acuerdo con el artículo 109 del dictamen, las autoridades competentes podrán solicitar a la ATDT el bloqueo temporal de plataformas digitales como X, Facebook, Instagram o TikTok, entre otras, en caso de detectar infracciones. La Agencia será responsable de emitir los lineamientos para dichos bloqueos sin intervención judicial ni contrapesos institucionales.

Se prohíbe propaganda extranjera y se contemplan multas millonarias

Otro punto relevante es la prohibición de transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier índole proveniente de gobiernos o entidades extranjeras, excepto en casos de promoción cultural o turística.

Las emisoras de radio y televisión que incumplan con esta disposición podrán ser sancionadas con multas de hasta el 5% de sus ingresos anuales.

Según los legisladores oficialistas, esta medida responde a campañas como los spots antiinmigrantes transmitidos en medios mexicanos y financiados por actores políticos de Estados Unidos.

La narrativa oficialista: “controlar discursos de odio”

Desde el bloque oficialista, la senadora del PT, Lizeth García, defendió la iniciativa argumentando que:

“La televisión, la radio, la prensa y las redes sociales tienen un poder inmenso. El Estado debe actuar cuando estos medios se utilizan para sembrar odio o dividir al pueblo”.

En la misma línea, el senador de Morena, Aníbal Ostoa, afirmó:

“Es momento de defender el control de nuestra narrativa, nuestras pantallas y nuestras decisiones”.

¿Riesgo de autoritarismo?

El senador del PRI, Manuel Añorve, calificó la propuesta como “autoritaria” y advirtió que representa un posible “rostro de dictador”:

“Si el diablo está en los detalles, esta ley lo representa en forma de censura“.

Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales advirtió que el dictamen significa un asalto a la libertad de expresión en redes sociales, con posibles consecuencias graves para la democracia digital en México.

La iniciativa avanza con rapidez en el Senado, impulsada por Morena y sus aliados, mientras la oposición prepara una férrea batalla en el Pleno. La reforma propone un rediseño institucional profundo del ecosistema digital y mediático del país, con implicaciones directas en la libertad de expresión, el acceso a la información y la regulación de plataformas.