El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 90 votos a favor, el dictamen que prohíbe la intervención de funcionarios en los sindicatos del sector público y establece sanciones a quienes utilicen su cargo o recursos oficiales para influir en sus procesos internos.
La reforma adiciona el artículo 69 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con estos cambios, se refuerza la libertad sindical de los trabajadores del Estado y se establecen sanciones por faltas administrativas graves a servidores públicos que interfieran en la vida sindical.
El nuevo artículo 69 Bis prohíbe cualquier injerencia de servidores públicos en la creación, funcionamiento, administración o elecciones de los sindicatos. Quienes incumplan esta disposición serán sujetos a responsabilidad administrativa conforme a la ley.
El artículo 64 Quáter detalla las conductas que serán consideradas violaciones a la autonomía sindical. Entre ellas se encuentran coaccionar o inducir el voto sindical, condicionar permisos o beneficios laborales al apoyo político, usar recursos públicos o programas de gobierno para favorecer candidaturas, difundir propaganda desde dependencias oficiales o negar información necesaria para los procesos electorales sindicales. Todas estas prácticas serán sancionadas como faltas graves.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Alfonso Cepeda Salas, explicó que el propósito es “cerrar definitivamente la puerta a cualquier intromisión del poder político en los sindicatos” y garantizar que los trabajadores elijan libremente a sus representantes.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que el Estado debe ser garante, no interventor, de la vida sindical, y afirmó que las nuevas disposiciones harán responsables a los servidores públicos que intervengan o influyan en procesos sindicales.
El dictamen también incluye una lista de 19 conductas específicas consideradas faltas administrativas graves. Con ello, la neutralidad del Estado frente a los sindicatos dejará de ser una práctica voluntaria y se convertiría en una obligación legal.
Los senadores coincidieron en que esta reforma fortalece la democracia interna, la transparencia y la representatividad real en los sindicatos del servicio público. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación.
