Con 106 votos a favor, el Senado de la República aprobó la minuta que reforma el inciso a), de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión. La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, turnó el proyecto a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su análisis. La reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General contra la Extorsión, que permitirá perseguir de oficio este delito, homologar penalidades y agravantes en todo el país y fortalecer la coordinación entre Federación y estados. Castillo Juárez destacó que se trata de un paso firme de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y de una medida para proteger a las familias mexicanas.

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El dictamen señala que la fragmentación jurídica entre el Código Penal Federal y las legislaciones locales ha favorecido la impunidad, por lo que resulta indispensable contar con un marco homogéneo que unifique criterios de investigación, persecución y sanción.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, sostuvo que la reforma cierra vacíos legales y fortalece la coordinación de los tres órdenes de gobierno, mientras que Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad, subrayó que la extorsión es un flagelo que afecta hogares, negocios e instituciones, con un promedio diario de 30 casos en enero de 2025, lo que representa un incremento de 57 por ciento en seis años; además, el INEGI calculó en 124 mil millones de pesos las pérdidas para las unidades económicas en 2023.

Durante los posicionamientos, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la extorsión erosiona el comercio local y que el número de carpetas de investigación se ha duplicado en la última década.

Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo, aseguró que la reforma responde a una exigencia ciudadana de frenar el miedo y proteger a las víctimas, mientras que Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional, destacó la necesidad de homologar sanciones y enfrentar el “cobro de piso” en comunidades.

En tanto, Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México, sostuvo que también deben protegerse a quienes denuncian, pues algunas extorsiones provienen de autoridades. Verónica Rodríguez Hernández, del Partido Acción Nacional, respaldó la reforma, pero advirtió que legislar no basta sin una estrategia eficaz.

Finalmente, la legisladora Karina Ruiz Ruiz, de Morena, enfatizó que se dará certeza jurídica frente a nuevas modalidades del delito, incluida la digital.