El Senado de la República aprobó en lo general, con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y del Código Penal Federal, con el objetivo de reforzar el marco legal contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

LEE ADEMÁS: TEPJF rechaza juicios ciudadanos contra las elecciones judiciales del 1 de junio

Posteriormente, en lo particular, se aprobó la votación de los artículos que no sufrieron modificación, en los términos del dictamen, así como con la modificación aceptada por el Pleno, con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, por lo que fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.

Durante la discusión, la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, de Morena, y el senador Francisco Ramírez Acuña, del PAN, coincidieron en la necesidad de delimitar con claridad el concepto de personas políticamente expuestas. Advirtieron que una definición ambigua puede derivar en vigilancia excesiva, hostigamientos y afectaciones injustificadas a ciudadanos sin vínculo directo con funciones públicas.

Chavira también señaló que debe revisarse con precisión el papel de las autoridades financieras en esta materia y propuso establecer criterios claros para la actuación de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Advirtió sobre la actuación opaca del sistema bancario en ciertos casos y recordó que tres instituciones financieras mexicanas han sido señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sin que las autoridades nacionales lo hayan detectado a tiempo.

Ramírez Acuña manifestó preocupación por otras disposiciones del dictamen, como permitir a la Guardia Nacional, bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional, acceder a información financiera de civiles. También cuestionó que se impongan sistemas automatizados de monitoreo sin distinguir entre grandes y pequeños sujetos obligados, lo que podría afectar de forma desproporcionada a negocios y emprendedores.

Por su parte, el senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, respaldó la reforma y afirmó que “el que nada debe, nada teme” y aseguró que se trata de una legislación preventiva y garantista, no punitiva, y que fue enriquecida con propuestas de más de 50 organizaciones de la sociedad civil. Señaló que durante años se protegió a grandes operadores financieros y se omitió actuar ante irregularidades detectadas en el sistema bancario.

Por el PRI, el senador Ángel García Yáñez sostuvo que la reforma mantiene un enfoque autoritario y advirtió que se otorgan superpoderes a la Secretaría de Hacienda sin controles judiciales; criticó que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda ser considerada víctima en procesos judiciales, lo que la convertiría en juez y parte. Señaló también que se permite la intervención de patrimonios sin orden judicial, lo que vulnera derechos como la privacidad y la presunción de inocencia.

TE PUEDE INTERESAR: EU incluye a México en lista de amenazas junto a Irán, China y Rusia

En tanto, el senador Daniel Barreda, por Movimiento Ciudadano, reconoció la importancia de combatir el lavado de dinero, pero señaló que algunas disposiciones del dictamen podrían afectar a organizaciones de la sociedad civil y limitar la libertad de asociación. Propuso un enfoque preventivo, proporcional y con respeto a los derechos fundamentales.

Las reformas también otorgan facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para coordinarse con las entidades federativas en la creación y fortalecimiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.

Además, se exige a quienes realicen actividades vulnerables el uso de sistemas automatizados para el monitoreo continuo de operaciones con clientes de alto riesgo, con el fin de detectar transacciones sospechosas de forma oportuna y eficiente.

El dictamen establece que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, local, municipal y de las demarcaciones de la Ciudad de México, así como organismos constitucionales autónomos y empresas públicas del Estado, deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda la información que les sea requerida en el ejercicio de sus atribuciones.

También se indica que la información relacionada con partidos políticos, agrupaciones, coaliciones, precandidaturas y candidaturas podrá ser requerida al Instituto Nacional Electoral o al organismo público local electoral correspondiente. En el caso de sindicatos y sus dirigentes, la información será solicitada por la Secretaría de Hacienda a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o su equivalente local.

La propuesta aprobada, de acuerdo con el senador Javier Corral Jurado y presidente de la Comisión de Justicia, cumple con los compromisos internacionales derivados de la participación de México en el Grupo de Acción Financiera Internacional, especialmente en materia de identificación de beneficiarios finales, supervisión de actividades no financieras y debida diligencia respecto de personas políticamente expuestas.

Entre los cambios, se incorporan nuevas actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, activos virtuales y fideicomisos.

TE PUEDE INTERESAR: EU incluye a México en lista de amenazas junto a Irán, China y Rusia

Se precisan obligaciones para notarios y corredores públicos, y se ajusta el régimen sancionador mediante la actualización de umbrales conforme a la Unidad de Medida y Actualización.

También se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y se elimina el dolo específico en ciertos casos, para evitar impunidad sin castigar errores de buena fe.