El martes 22 de abril, el pleno del Senado de la República tiene previsto discutir y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 9 de abril y previamente dictaminada en la Comisión de Seguridad Pública.

En el documento se reconoce que durante la administración anterior se desarrollaron acciones en materia de seguridad, aunque se señala la necesidad de reforzar el enfoque mediante el uso de investigación e inteligencia para la prevención y atención de delitos, particularmente los relacionados con la delincuencia organizada.

De acuerdo con el dictamen presentado por la Comisión de Seguridad Pública, presidida por la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, la estrategia identifica cambios en los patrones de vida de millones de personas como consecuencia de la inseguridad, así como desplazamientos forzados de habitantes que han salido de sus comunidades por motivos de protección.

Se advierte que tanto el ámbito social como el económico se han visto impactados por distintas expresiones delictivas, incluyendo los delitos del fuero común.

El documento señala que factores como la pobreza, la marginación, la carencia de servicios educativos y de salud, así como la corrupción, han contribuido al desarrollo de la actividad delictiva.

En este contexto, se plantea la necesidad de nuevos enfoques en materia de seguridad pública, interior y nacional, con el objetivo de establecer acciones que abarquen la prevención del delito, la procuración e impartición de justicia, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la reinserción social.

“Ello permitirá poder llevar a cabo una evaluación más acertada de los procesos de gestión en materia de seguridad pública, y de esta manera, tener claridad en los avances y las áreas en que se deberá fortalecer la actuación de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, es decir, del Estado en su conjunto”, señala el dictamen.

Entre los elementos mencionados en la estrategia se incluyen el combate a la corrupción, la implementación de programas sociales, la aplicación de mecanismos de justicia transicional, el rediseño del sistema penitenciario, la revisión del papel de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y la eventual adecuación del marco normativo para la ejecución de estas acciones.

Acciones implementadas por acuerdo con EU

El documento también hace referencia a acciones operativas implementadas a partir del 5 de febrero de 2025 en la frontera norte del país, realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal y con autoridades de Estados Unidos. Estas acciones han incluido operativos conjuntos orientados a atender delitos relacionados con el tráfico de armas, drogas y personas.

Como resultado de estos operativos, se reporta la detención de mil 287 personas, el aseguramiento de mil 192 armas de fuego y la incautación de 19 mil 762 kilogramos de distintas sustancias, entre las que se contabilizan 57.9 kilogramos y 335 mil 479 pastillas de fentanilo.

Asimismo, señala que el 27 de febrero de 2025 se llevó a cabo el traslado y entrega de 29 personas identificadas como generadores de violencia, requeridas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La acción, resaltó, fue realizada conforme al marco constitucional y legal vigente, en el marco de un acuerdo de cooperación internacional.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública será sometida a discusión del pleno del Senado como parte del proceso legislativo, con la finalidad de establecerla como directriz para el diseño e implementación de las políticas públicas en la materia durante el periodo 2024-2030.