El Senado ratificó a 20 magistrados para integrar las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por un periodo de diez años a partir del 1 de enero de 2026. El dictamen se aprobó con 66 votos a favor y 32 en contra, en una sesión marcada por la formación de un bloque que se opuso de manera específica al nombramiento de Miguel Ernesto Pompa Corella. Aunque se pidió votar su caso por separado, la mayoría lo rechazó y el dictamen se sometió a una sola votación en bloque.

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La primera en manifestarse contra el nombramiento de Pompa fue la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, de Morena, quien anunció que votaría en contra únicamente de su designación por antecedentes políticos en Sonora y solicitó que esa postura quedara asentada.

Minutos después, el senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, también de Morena, aclaró desde su escaño que apoyaba el dictamen general, pero no el nombramiento de Pompa. A estas posiciones se sumó el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, quien pidió dividir la votación para emitir un sufragio independiente sobre ese nombre. La mayoría desechó la propuesta en votación económica, por lo que la lista se mantuvo completa.

La sesión estuvo acompañada por acusaciones de la oposición, principalmente del PAN, PRI y MC, que señalaron que varios de los perfiles propuestos por el Ejecutivo serían afines al gobierno federal, lo que, a su juicio, podría comprometer la independencia del tribunal en la resolución de temas fiscales y administrativos.

También argumentaron que persisten vacíos en el Sistema Nacional Anticorrupción debido a la falta de nombramientos en órganos complementarios.

Al presentar el dictamen, el senador morenista Miguel Ángel Yunes Márquez, afirmó que la justicia administrativa es un mecanismo esencial para garantizar límites a la actuación de las autoridades y proteger a la ciudadanía frente a decisiones que afectan sus derechos.

Explicó que las salas regionales atienden controversias relacionadas con actos administrativos, resoluciones definitivas, contratos públicos, adquisiciones y procedimientos fiscales.

Señaló que en 2024 se concluyeron más de 133 mil juicios y que cerca del 70 por ciento tuvo sentencia de fondo, lo que, sostuvo, refleja la eficacia y legitimidad del tribunal. Aseguró que las personas propuestas por el Ejecutivo demostraron capacidad y experiencia durante sus comparecencias.

El también senador por Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara amplió la argumentación al señalar que el tribunal es la instancia a la que acuden las personas cuando enfrentan multas injustas o decisiones administrativas sin respuesta. Recordó que, desde principios de los años dos mil, el órgano ha ampliado sus facultades para resolver casos de negativa ficta y ordenar el cumplimiento de derechos directamente en la sentencia. Explicó que la modernización procesal, como el uso de domicilios electrónicos, los juicios en línea y la suspensión de actos de autoridad mientras se resuelve el fondo, busca evitar afectaciones antes de una resolución.

En contraste con las críticas de la oposición, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, defendió el método de designación y recordó que es el mismo que se ha aplicado históricamente para este tribunal.

Sostuvo que la trayectoria política de un aspirante no invalida su desempeño jurisdiccional y mencionó casos previos en los que exlegisladores han ejercido como magistrados con resultados satisfactorios.

Además de Miguel Ernesto Pompa Corella, fueron ratificados Jorge Muñoz Barret, Jorge Enrique Mata Gómez, Mayra Alicia Alvarado Cruz, Fernando Cruz Ventura, Sandra Paola González Castañeda, María Elena Montero García, Rodrigo Eduardo Escalante Ramírez, Yamil Villalba Villarreal, Olimpia Tamara Girón Hernández.

La lista también está integrada por Jesús Omar Sánchez Sánchez, Ricardo Carlos Molina Arias, Edgar Daniel Guerrero Flores, Iduvina Náñez Bogarín, Miguel Alejandro Guisado Jaime, Elizabeth Bautista Velasco, Luis Fernando González Macías, Marco Polo Carballo Calva, María del Carmen Quirós Rodríguez y Anabel Dávila Salas.

Tras la aprobación, el Pleno tomó protesta a las personas designadas, con lo que quedó formalizada su incorporación al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.