La Red por la Independencia Judicial (RIJ) propuso reformas constitucionales para sustituir el actual mecanismo de selección de aspirantes a cargos judiciales por un sistema de certificación técnica y recalendarizar a 2028 la próxima elección del Poder Judicial, al advertir deficiencias en la implementación de la reforma y riesgos de politización en los comicios.

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La Red, que se conformó con las organizaciones México Evalúa, México Unido Contra la Delincuencia y Práctica: Laboratorio para la Democracia, así como BORDE, el Centro de Investigación de Crímenes Atroces, la Fundación para el Debido Proceso y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, además de especialistas y juzgadores en funciones y en retiro, señaló que tras dar seguimiento al contenido y aplicación de la reforma desde 2024, hizo un llamado a los legisladores para abrir espacios de diálogo técnico que permitan revisar y realizar ajustes a la reforma judicial.

Explicaron que a partir del análisis realizado durante 2025, lograron identificar áreas de mejora en el acceso a la justicia, los derechos laborales del personal judicial, la definición de perfiles idóneos para cargos jurisdiccionales, la integración y funciones de los comités de evaluación, los tiempos del proceso electoral judicial, la comunicación entre los actores involucrados, el uso de recursos, la participación ciudadana y la logística de la elección celebrada en junio.

Con base en ese diagnóstico, la Red por la Independencia Judicial planteó sustituir los requisitos formales actuales, como promedios de calificaciones, ensayos y cartas de vecinos, por una certificación técnica integral a cargo de la Escuela Nacional de Formación Judicial, que evalúe conocimientos, competencias y estándares éticos de quienes buscan cargos judiciales.

La propuesta establece que la certificación incluya evaluación de interpretación y razonamiento jurídico, perspectiva de género e interseccionalidad, enfoque de derechos humanos, comprensión de los contextos sociales de las personas justiciables, organización y manejo del despacho judicial, aptitud de servicio y compromiso social.

Asimismo, plantea establecer filtros que faciliten el trabajo de los Comités de Evaluación y fortalecer institucionalmente a la Escuela Nacional de Formación Judicial dentro del Órgano de Administración Judicial para que cuente con herramientas suficientes para diseñar e implementar el proceso.

En materia electoral, la Red propuso que la siguiente elección judicial se realice en 2028 para separar estos comicios de los procesos político-partidistas y evitar interferencias. Sostuvo que la recalendarización permitiría diseñar y aplicar el nuevo esquema de certificación, mejorar la coordinación entre los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Instituto Nacional Electoral, el Órgano de Administración Judicial y la Escuela Nacional de Formación Judicial, así como ampliar la deliberación pública y el escrutinio de candidaturas.

Para concretar los cambios, la Red por la Independencia Judicial planteó reformas a los artículos 95, 96, 97, 100, 116 y 122 de la Constitución, así como a diversos artículos transitorios en materia de temporalidad de las elecciones judiciales, con el objetivo de fortalecer la independencia judicial, mejorar la calidad de la justicia y generar mayor confianza en las instituciones.

El senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, planteó la necesidad de realizar ajustes a la Reforma Judicial tras una “necesaria reflexión” sobre sus resultados y afirmó que el Poder Legislativo está obligado a evaluar sus efectos a un año de su implementación, con el fin de corregir fallas y fortalecer el proceso de elección de jueces.

El legislador señaló que esta revisión debe convertirse en uno de los objetivos legislativos de este año y permitir una evaluación integral del nuevo modelo judicial. Sostuvo que el análisis debe servir para corregir deficiencias, particularmente en los mecanismos de selección de perfiles, y reforzar el trabajo de los comités de evaluación, privilegiando la carrera judicial, la experiencia y el conocimiento como base del nuevo sistema.

El senador también criticó las designaciones realizadas en las entidades federativas y señaló que varios nombramientos respondieron a decisiones discrecionales de los gobiernos estatales, lo que evidencia la necesidad de garantizar perfiles adecuados y evitar que estas prácticas se repitan mediante una evaluación completa de los efectos de la reforma durante su primer año de operación.