Un informe de finanzas del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (SPAUAEH) reveló una presunta estafa de la ex dirigente sindical, Lidia García Anaya, quien busca su reelección como diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
De acuerdo con esta información que circuló en medios locales, la entonces lideresa del SPAUAEH estableció en el Contrato Colectivo de Trabajo que del 2018 al 2020 se deberían entregar 11 millones 322 mil 976 pesos al sindicato para adquirir artículos de consumo, sin especificar cuáles o cómo deberían distribuirse entre los más de 2 mil 330 agremiados.
No obstante, la investigación detalla que en dicho periodo sólo se entregaron dos batas de laboratorio anuales al personal de áreas científicas, por los más de 135 millones de pesos que recibe el sindicato anualmente para este concepto.
Asimismo, en el contrato colectivo se estableció que se transferirían mensualmente 11 millones 322 mil 976 pesos, sin embargo sólo se reportaron trasferencias por apenas 9 millones de pesos, por lo que existe un faltante de casi 2 millones mensuales, que durante 2018 sumaron un daño a las arcas sindicales de 21 millones de pesos.
La información revela que tanto García Anaya, como su sucesor Octavio Castillo Acosta, buscaron encubrir el uso discrecional de los “artículos de consumo” al agregar el concepto de vales de despensa, a pesar de que es una prestación distinta a la establecida en este rubro, el cual asciende a un máximo de 967 pesos por académico, por lo que el monto erogado por esta prestación es de tan solo 25 millones de pesos de los más de 135 millones que recibieron los dirigentes del SPAUAEH.
De acuerdo con la información, esta irregularidad podría ser uno de los instrumentos de desvío de recursos empleado por el ex presidente del Patronato Universitario de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, quien desde el 31 de agosto de 2020 se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, acusado por los delitos de delincuencia organizada, peculado, lavado de dinero, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito y actividades presuntamente ilícitas de corrupción, incluidas casos de conflicto de interés y venta de hidrocarburos.
