El tema de la denuncia que México ganó en Estados Unidos contra Genaro García Luna afloró este viernes como tema inicial de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Al respecto, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), recordó que, apenas este jueves, una corte civil de Florida sentenció “a dos personas que tuvieron una enorme relevancia en una trama corrupta durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Se trata de Genaro García Luna y Linda Cristina Pereyra, matrimonio sentenciado a pagar al demandante, el gobierno mexicano, cantidades enormes de dinero”.

El encargado de la dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda, acotó que “en el periodo de 2009 a 2018 se firmaron 30 contratos en la Policía Federal, en el antiguo Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y en el organismo de prisiones por un total de 728 millones de dólares. En 2018 (al entrar en funciones el presidente Andrés Manuel López Obrador), el gobierno mexicano empezó a tomar conocimiento de estos hechos y, ante ellos, presentó una demanda civil en Florida, porque ahí vivían los implicados en el esquema corrupto ahí (en esa ciudad de EU) poseían bienes”.

El primer problema, acotó Gómez, “fue que una corte de EU fuera reconocida como instancia jurisdiccional para recibir una demanda de esta naturaleza; una vez derrotados los defensores de los demandados. Así, la jueza encargada del caso resolvió que los bienes que encontramos, y que estaban a nombre de los implicados y de una empresa, fueran entregados a México; esos bienes ya fueron vendidos“.

El funcionario explicó el origen del dinero incluido en la sentencia: “Con la información que se tenía en ese momento, García Luna fue demandado por 250 millones de dólares, gracias a los datos aportados por la Secretaría de Seguridad Pública, en ese entonces dirigida por Rosa Icela Rodríguez; después fue demandada Pereyra por 580 mdd“.

Como las demandas fueron presentadas en distintos momentos, detalló, “las cifras varían debido al nivel de conocimiento que iba teniendo la UIF, pero la sentencia por 748 mdd que dicta la jueza corresponde a tres veces los 250 mdd que fueron reclamados a García Luna, y los mil 740 mdd que le impuso la jueza a Pereyra se refiere a (tres veces también) los 580 mdd que la UIF presentó en la demanda. Por ello son dineros distintos, porque las demandas se presentaron en momentos distintos con cuantificaciones diferentes”.

Por ello, enfatizó Gómez, “la sentencia que dicta la jueza no es en contra de una pareja, sino de dos personas en lo individual, así como de las empresas en que fungían como propietarios, y por ello esta sentencia quiere decir que ha quedado claro que todo ese dinero que salió del país y que fue alojado en el extranjero fue producto de un esquema de defraudación durante dos sexenios sucesivos. Y esto es también muy significativo desde el punto de vista político, ya que no puede hablarse de transición entre un partido y otro cuando en realidad las cosas no cambiaban. La transición (entre el PAN y el PRI) no ocurrió, sino la continuación del mismo Estado corrupto que viene de los años 50 (del siglo XX) y que se creó como parte del sistema político mexicano”.

Ese cambio, aseguró, vino en 2018, “por eso es que estamos aquí hablando de este tema; de lo contrario nunca se hubiera escarbado nada ni se hubiera sabido nada, porque todo era hecho a la ‘perfección'”.

Sentencia nueva, pronto

Pablo Gómez adelantó que pronto la misma jueza emitirá otra sentencia sobre un proceso cuyo fin, “por algunos temas técnicos, ignoramos aún, pero seguro terminará; ya sea por un arreglo a través de las empresas o a través de un veredicto del jurado y una sentencia del juzgado. La continuidad de este proceso no está definida en cuanto a fechas, pero será una realidad y, en cuanto ocurra, el gobierno mexicano informará de inmediato a la opinión pública”.

Sobre este asunto, subrayó, en México está iniciado un proceso penal: “Hay gente en la cárcel ya, hay muchas órdenes de aprehensión, hay conversaciones con personas que tienen órdenes de aprehensión, con el fin de que colaboren y se esclarezcan todos los puntos. En ambos procesos (el civil de Florida y el penal en México) se busca conocer la historia de una trama corrupta como muchas otras que hubo en nuestro país y que quedaron ocultas. No debemos desaprovechar esta enorme oportunidad para escarbar en la forma de operar de los delincuentes de cuello blanco“.

Como se trata de una operación transexenal, sostuvo, “en donde dos partidos se aliaron política y electoralmente, entonces esto es una lección de historia para las nuevas generaciones y una forma de ver las cosas para las anteriores que vivieron el Estado corrupto en su apogeo. No dejar de luchar contra el Estado corrupto, no ceder, no darse por vencidos”.

Mientras en Estados Unidos, Linda Cristina Pereyra fue sentenciada a pagar tres veces más el monto por el que fue acusada, subrayó el funcionario, “un tribunal colegiado de circuito en México resolvió otorgarle el amparo y la protección de la justicia de la Unión, para que pudiera usar el sistema financiero mexicano libremente”.

Y refiriéndose, sin mencionarla, a la próxima elección judicial del primero de junio, Gómez manifestó: “Este contraste (en la aplicación de la justicia en ambos países) nos dice cosas, entre ellas, que tenemos un gran problema en nuestro país, pero vamos a resolverlo pronto, porque el pueblo va a responder, ya que se requiere a sí mismo”.

Las resoluciones judiciales en curso, expresó, “van a contarnos bien la historia y vamos a poder dar detalles de cómo se robaba el dinero público sin el menor temor de que alguna autoridad hiciera justicia. Este país necesita que predomine el Estado democrático de derecho, lo que se nos negó, pero hoy está en la perspectiva de los grandes cambios que están ocurriendo”.