Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue sentenciado, junto con su esposa, Linda Cristina Pereyra, por una Corte de Miami a pagar más de 2 mil 400 millones de dólares.

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La sentencia, dictada en una corte civil por la jueza Lisa Walsh, se debió a que el exfuncionario mexicano y su esposa estuvieron involucrados en un esquema ilegal de contrataciones en el Gobierno de México (2006 a 2012).

Esta cifra multimillonaria que el matrimonio deberá solventar retornará a las arcas del gobierno mexicano, ya que es la parte demandante. El caso civil fue presentado el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida.

En aquel momento, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó: “Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares“.

Esos recursos económicos fueron transferidos a Estados Unidos, explicó la dependencia (entonces al mando de Santiago Nieto), bajo la utilización de paraísos fiscales para ocultar su origen. Para ello, se adquirieron bienes muebles e inmuebles en el estado de Florida.

La UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), identificó la red de corrupción de García Luna y su modus operandi. Por ello, el 24 de diciembre de 2019 incluyó a todos los involucrados en la Lista de Personas Bloqueadas.

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Cabe aclarar que este caso no tiene relación directa con el que García Luna enfrentó, por narcotráfico, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, acusado de brindar apoyo al Cártel de Sinaloa. Por esta razón, hace siete meses fue sentenciado a 38 años de cárcel por “participar en una empresa criminal continua, conspiración para distribuir, importar y poseer cocaína, así como declaraciones falsas”. Hoy purga esa condena en la cárcel federal USP Lee, en Virginia. De acuerdo con su ficha en el Buró Federal de Prisiones (BOP), su liberación está programada para 2052.

Al respecto de la sentencia en Miami, la UIF distribuyó un comunicado de prensa en el que confirma la información: “La Corte de Circuito del Décimo Primer Circuito Judicial para el Condado de Miami, Florida, dictó sentencia final en contra de Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, derivado de la demanda civil que presentó el Estado Mexicano en septiembre de 2021, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera, en contra de quienes conformaron la red de corrupción y lavado de dinero encabezada por García Luna, que abarcó decenas de contratos“.

La comunicación oficial detalla que la jueza de la causa, Lisa Walsh, condenó al matrimonio al pago de los siguientes conceptos: “Genaro García Luna deberá cubrir por concepto de reclamo del demandante (Gobierno de México) la cantidad de 748,829,676 dólares norteamericanos (setecientos cuarenta y ocho millones ochocientos veintinueve mil seiscientos setenta y seis dólares). Linda Cristina Pereyra, por concepto de reclamo del demandante (Gobierno de México), deberá cubrir el monto de 1,740,025,540 dólares (mil setecientos cuarenta millones, veinticinco mil quinientos cuarenta)”.

De acuerdo con la Ley de Florida, subrayó la UIF, cuyo titular es Pablo Gómez, “la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el Gobierno de México los demandó originalmente, y es consecuente con siete resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de García Luna, su esposa y sus cinco empresas como resultado de su omisión de concurrir al juicio”.

La dependencia aclaró que “de las resoluciones de culpabilidad citadas, ya fue ejecutada una respecto de la empresa Delta Integrator LLC, de lo que derivó una recuperación de activos que asciende a 1,970,872 dólares (un millón novecientos setenta mil ochocientos setenta y dos), así como la transmisión de la propiedad de un bien inmueble valuado en 555 mil 800 dólares“.

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Adicionalmente, “como resultado del vencimiento de una hipoteca otorgada a un tercero por la misma empresa, ya se obtuvo una recuperación adicional de 275 mil dólares“. Los recursos líquidos recuperados, afirmó la UIF, “fueron ingresados de inmediato a la Tesorería de la Federación, mientras que el bien inmueble está bajo administración del Gobierno de México para su venta”.