La crisis política desatada por las acusaciones estadounidenses contra Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios de Sinaloa nos recuerda una discusión que lleva años posponiéndose. En pocas palabras, romper el narcopacto.
Parte de ese debate fue retomado en el Congreso. Unos pidieron detención y extradición. Otros hablaron de pruebas, soberanía y debido proceso. Pero hizo falta autocrítica.
PLEITO LEGISLATIVO
La Comisión Permanente de ayer se convirtió en el ring político del caso Rocha Moya. Enrique Inzunza no asistió, pese a que había anticipado su presencia. Según dijo, no acudió porque “la derecha” quería montar un espectáculo.
A partir de ahí, cada bloque fijó postura. Ricardo Anaya, del PAN, pidió detención provisional con fines de extradición y juicio político contra los involucrados, además de la desaparición de poderes en Sinaloa.
Morena actuó como se esperaba, respaldando a Rocha bajo argumentos jurídicos y de soberanía. Ignacio Mier, coordinador guinda en el Senado, sostuvo que la solicitud estadounidense no trae ninguna prueba. Señaló que están en contra de la impunidad, pero que no convertirán al partido en “el payaso de las cachetadas”. Como era de esperarse, Adán Augusto evitó responder los cuestionamientos de la prensa.
Alito Moreno, dirigente del PRI, anunció que presentó en Estados Unidos una solicitud para declarar a Morena como organización terrorista. Por último, Gibrán Ramírez, de Movimiento Ciudadano, también propuso juicio político y desaparición de poderes.
NARCOPOLÍTICA COMPARTIDA
Morena carga hoy con el mayor costo porque el caso toca a un gobernador, un senador y un alcalde de su partido. Pero no son los únicos ni los primeros. De tiempo atrás también aparecen nombres señalados como Carlos Lomelí, Américo Villarreal y Cuauhtémoc Blanco.
Pero el vínculo entre política y crimen atraviesa más siglas. De acuerdo con Votar entre Balas, en el proceso 2023-2024 hubo 130 agresiones contra candidaturas o aspirantes y 34 asesinatos. El reporte ubicó 31% de agresiones contra Morena y 32% contra PRI-PAN-PRD, juntos o separados. También registró que 77% de víctimas desde 2018 se ubicó en municipios.
La plataforma Narcopolíticos también muestra casos en varios partidos. En el PRI aparecen nombres como Tomás Yarrington y Esteban Villegas. En el PAN se menciona a Jesús Corona Damián. En MC figuran Mauro Jáuregui y Anavel Ávila. En el PVEM aparece Ricardo Gallardo. Todos estos casos ya deberían obligar a revisar candidaturas y funcionarios.
ROMPER EL NARCOPACTO
Separar el poder criminal del poder político, como dijo ayer Ricardo Monreal, exige cortar la infiltración del narco.
Eso implica revisar campañas electorales, auditar cuentas, investigar contratistas, vigilar nombramientos en dependencias de seguridad y suspender derechos partidistas cuando exista imputación por delincuencia organizada. Una licencia temporal no alcanza.
Y también se debe atender la ruta del dinero. De acuerdo con Integralia, el financiamiento ilegal de campañas sigue como una vulnerabilidad estructural. Y según México Evalúa, las policías municipales necesitan mejores estándares laborales y financiamiento sostenible. Ahí entra la parte menos vistosa, pero más urgente. Sin instituciones civiles fuertes, el narco roba territorio.
Esto urge porque el riesgo ya rebasó la frontera. Ayer Trump dijo que si México no actúa, Estados Unidos tendrá que hacerlo. Se habla mucho de soberanía, pero se olvida limpiar la casa. Romper el narcopacto necesita decir basta a que el crimen decida candidaturas, compre gobiernos y regale pretextos para una intervención directa extranjera. ¿Quién se anima?
EL DATO INCÓMODO
El caso Segalmex sigue vivo: René Gavira y otros exfuncionarios deberán pagar 261.2 millones de pesos y fueron inhabilitados 10 años. Pero la persona que sigue libre es su extitular Ignacio Ovalle, hoy retirado cómodamente de la política gracias a López Obrador.
