La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó ante gobernadores y mandos federales que la extorsión se convirtió en el principal desafío para la percepción de seguridad, por lo que la Federación impulsará un modelo de persecución de oficio, mayor participación de la Fiscalía General de la República y un registro telefónico que cierre espacios al delito, acompañado por acciones territoriales, fortalecimiento de la Guardia Nacional y expansión educativa.

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La mandataria adelantó que la estrategia federal de 2026 centrará sus esfuerzos en contener este delito mediante investigación de oficio, acción coordinada y fortalecimiento de capacidades institucionales.

Indicó que la reforma constitucional permitió federalizar la extorsión y eliminar la obligación de denuncia para la persona afectada, de modo que las fiscalías y cuerpos de seguridad asuman la responsabilidad de iniciar investigaciones con base en inteligencia y evidencias generadas por el Estado.

Aseguró que el enfoque busca impedir que la víctima enfrente sola el delito y pretende consolidar una política de persecución efectiva, porque la extorsión perturba actividades productivas y la vida cotidiana, y porque diversas mediciones de victimización muestran que la ciudadanía reporta este delito como problemática recurrente.

La mandataria señaló que el rediseño del sistema nacional de inteligencia fortaleció la cooperación entre el Centro Nacional de Inteligencia, la inteligencia naval, militar y las instancias estatales, y precisó que esta integración permitió orientar recursos a seguridad pública y dar seguimiento a estructuras criminales asentadas en territorios específicos.

Explicó que el registro telefónico aprobado por el Congreso brindará herramientas para identificar líneas asociadas a llamadas extorsivas y limitar el uso del teléfono celular como instrumento de intimidación, fraude o manipulación, con el objetivo de reducir modalidades que afectan hogares y comercios.

En la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la mandataria encabezó por tercera vez el encuentro con mandatarios estatales, donde el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, instrumento que busca unificar procesos de denuncia, fortalecer capacidades estatales y enfrentar uno de los delitos de mayor impacto social.

El acuerdo propone homologar procesos de denuncia, investigación y persecución para reducir las variaciones estatales que hoy dificultan la respuesta institucional.

García Harfuch expuso que la extorsión se consolidó como uno de los delitos más sensibles para la ciudadanía y los sectores productivos, razón por la cual el gobierno federal decidió adoptar un enfoque nacional que articule capacidades operativas y normativas.

Señaló que el acuerdo incluye la creación o fortalecimiento de áreas especializadas, estándares comunes de operación y una guía técnica que permitirá a todas las entidades responder con criterios equivalentes.

Gobernadoras, gobernadores y autoridades participantes coincidieron en que el acuerdo representa un avance para ordenar políticas estatales y fortalecer la cooperación frente a un delito que impacta directamente el desarrollo económico y la vida cotidiana en todo el país.