La presidenta confirmó que José Ángel Gurría percibía una pensión mensual de 120 mil pesos por su paso como director general de Nacional Financiera, y calificó el esquema como un caso de “abuso y exceso” que debía revisarse dentro de la política de austeridad.

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Durante su conferencia del martes 3 de marzo, la mandataria señaló que la información provenía de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y sostuvo que, tras hacerse público el dato, analizaría qué otros nombres y montos podían difundirse conforme al marco legal vigente.

Sheinbaum explicó que el recorte no incluye a integrantes de las Fuerzas Armadas, y acotó que el análisis se centra en funcionarios públicos de confianza que laboraron poco tiempo en la administración y, aun así, conservaron pensiones elevadas que ya no se justificaban.

Sobre exdirigentes sindicales, exregentes y otros perfiles señalados por recibir ingresos superiores al salario presidencial, la titular del Ejecutivo respondió que Gurría figuraba entre los casos confirmados.

La presidenta sostuvo que algunas pensiones “por lo menos deberían reducirse a la mitad” del ingreso del titular del Ejecutivo federal, y adelantó que se plantearía una iniciativa de reforma constitucional, sujeta a la aprobación del Congreso, para modificar los criterios de otorgamiento.

Comparó el monto reportado con los ingresos que Gurría obtuvo como exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y cuestionó que, además de esos antecedentes, mantuviera una pensión pública.

Al referirse a otros casos mencionados, indicó que correspondería a la Fiscalía General de la República determinar si existían investigaciones abiertas, y afirmó que cualquier ajuste a pensiones debería enmarcarse en la legalidad y en los principios de austeridad.

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La presidenta insistió en que el servicio público no podía vincularse a esquemas de compensación desproporcionados frente a la realidad económica del país, y sostuvo que el objetivo de la revisión consiste en transparentar los beneficios y establecer límites claros.

Sheinbaum afirmó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dará seguimiento a los expedientes para definir qué información podía hacerse pública y bajo qué términos, con el fin de sustentar eventuales modificaciones normativas.