La presidenta Claudia Sheinbaum ha establecido una línea discursiva frente a señalamientos dirigidos a integrantes y exfuncionarios vinculados a la Cuarta Transformación, al descartar la existencia de investigaciones formales y remitir cualquier indagatoria a la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el argumento de su autonomía constitucional.

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La mandataria se ha apoyado en la premisa de que el Ejecutivo no instruye investigaciones y respeta la autonomía ministerial, pero se ha convertido en una estrategia de contención ante crisis internas, al cerrar filas en torno a perfiles señalados y desplazar la carga probatoria hacia denunciantes o autoridades judiciales.

La postura más reciente salió en defensa del almirante Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, a quien Sheinbaum deslindó de la investigación por el llamado huachicol fiscal, al precisar que la indagatoria se concentraba en una red de contrabando de combustible y evasión de impuestos, y que no había denuncia ni carpeta en su contra.

Respecto a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, Sheinbaum afirmó que no hay procedimiento judicial activo en su contra y diferenció entre señalamientos mediáticos y procesos ministeriales, al señalar que una investigación requería elementos jurídicos y no sólo acusaciones públicas.

En el mismo sentido, pero con las personas señaladas en el libro de Scherer, Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder, como Jesús Ramírez Cuevas; Sheinbaum reiteró que cualquier persona que cuente con pruebas puede presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. Señaló que las afirmaciones o narrativas, por sí solas, no constituyen fundamento legal suficiente para iniciar una investigación, por lo que es indispensable que las acusaciones se respalden con evidencia concreta.

Desde la conferencia matutina, Sheinbaum también salió en defensa de Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la SEP; la presidenta subrayó que las críticas a los libros de texto formaban parte del debate político y académico, pero no configuraban por sí mismas un ilícito, y aseguró que no existían elementos que acreditaran responsabilidad penal.

En el caso de Adán Augusto López Hernández, la mandataria negó que hubiera una carpeta abierta por hechos vinculados a su gestión como secretario de Gobernación y sostuvo que, si existía alguna acusación, debía presentarse ante la autoridad competente, pues el Ejecutivo no intervenía en procesos penales ni promovía investigaciones sin denuncia formal.

Otros episodios siguieron un patrón semejante, como el caso de Ignacio Ovalle Fernández, exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana, frente a cuestionamientos por el desfalco en Segalmex, donde la presidenta indicó que la investigación correspondía a la Fiscalía y evitó pronunciarse sobre responsabilidades individuales sin resolución judicial.

En relación con Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Sheinbaum recordó que instancias administrativas revisaron señalamientos patrimoniales en su momento y afirmó que no existía sentencia firme que acreditara irregularidades, por lo que no correspondía al Ejecutivo prejuzgar.

Cuando surgieron acusaciones contra Cuitláhuac García Jiménez, exgobernador de Veracruz, la mandataria señaló que cualquier denuncia debía tramitarse por la vía legal y sostuvo que no había investigación federal abierta en su contra, diferenciando entre debate político y procedimiento penal.

La presidenta también ha evitado intervenir en controversias internas que involucran a Mario Delgado Carrillo y Ricardo Monreal Ávila, al considerar que se trataban de asuntos partidistas que no correspondían al ámbito del Ejecutivo federal, y descartó que existieran procesos penales promovidos desde el gobierno.

En cada caso, la mandataria ha repetido elementos centrales: inexistencia de denuncia formal, ausencia de carpeta de investigación pública, autonomía de la FGR y separación entre responsabilidad política y responsabilidad penal, lo que en la práctica implicó un deslinde sistemático del Ejecutivo frente a acusaciones dirigidas a figuras de su movimiento.