La presidenta explicó que el ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) no implicó una pérdida de ingresos fiscales ni un incremento en el precio de la gasolina regular, al mantenerse un acuerdo voluntario con la mayoría de los concesionarios para absorber el impacto sin trasladarlo al consumidor.

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Explicó que, al inicio de su administración, detectó precios de hasta 26 y 27 pesos por litro en diversas regiones, situación que llevó a un análisis técnico conjunto entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal del Consumidor para revisar los márgenes reales de ganancia en estaciones de servicio.

Ese diagnóstico identificó márgenes cercanos a tres pesos por litro en algunas gasolineras, lo que permitió negociar un tope de 24 pesos para la gasolina regular, combustible de mayor consumo en el país, acuerdo que alcanzó al 98 por ciento de los permisionarios y que, de acuerdo con la presidenta, se mantuvo vigente aun con la actualización semestral del IEPS conforme a la inflación.

Sheinbaum precisó que el aumento del impuesto no se trasladó al precio final de la gasolina regular, por lo que desmintió versiones difundidas en medios sobre un alza generalizada a partir de enero, y subrayó que los precios por encima del tope se concentraron en zonas específicas del sureste, asociadas principalmente a costos de transporte.

En relación con la gasolina Premium, la presidenta aclaró que este combustible no forma parte del acuerdo voluntario, aunque destacó que su precio no aumentó y, en algunos casos, registró disminuciones, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de diálogo con los gasolineros para revisar su comportamiento en el mercado.

Como contraprestación al compromiso de mantener precios, el gobierno federal redujo de forma significativa los trámites administrativos que las estaciones debían presentar cada año, sin afectar requisitos de protección civil ni normas ambientales, medida que, según Sheinbaum, ha facilitado la operación del sector y contribuye al consenso alcanzado.

La mandataria enmarcó este acuerdo dentro de una política basada en consensos con distintos sectores, al recordar que decisiones como el aumento al salario mínimo y la discusión sobre la jornada laboral de 40 horas también avanzaron mediante negociaciones, y afirmó que la estrategia en combustibles buscó proteger la economía familiar y la economía popular sin comprometer la recaudación pública.