La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el operativo que derivó en la detención y posterior abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, haya dependido de una orden directa del Ejecutivo federal y sostuvo que la acción se sustentó en el sistema judicial mexicano.

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Explicó que el procedimiento respondió a una orden de aprehensión emitida por un juez después de un proceso prolongado de investigación, lo que permitió activar la intervención de las fuerzas federales para ejecutar la captura del líder criminal.

Sheinbaum señaló que el seguimiento contra Oseguera Cervantes se desarrolló durante meses mediante trabajos de inteligencia que permitieron identificar los movimientos y condiciones para intentar su detención en el momento considerado viable.

La presidenta afirmó que la operación no surgió de una decisión improvisada ni de una instrucción inmediata de las autoridades políticas, sino de investigaciones sostenidas que condujeron a la emisión de la orden judicial correspondiente.

Sostuvo que la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional se dio dentro del marco institucional que establece la ley para ejecutar órdenes judiciales contra objetivos criminales considerados de alta peligrosidad.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que la estrategia se basa en procedimientos legales que requieren investigaciones previas y la autorización de un juez para proceder con acciones de captura contra integrantes de organizaciones delictivas.

La presidenta también confirmó que el seguimiento incluyó cooperación de inteligencia con autoridades de Estados Unidos, dentro de los acuerdos de intercambio de información entre ambos países.

De acuerdo con Sheinbaum, esa colaboración se limita al intercambio de datos e información estratégica, sin intervención de fuerzas extranjeras en operaciones en territorio nacional.

“Brindan apoyo en inteligencia, sin operaciones, es información”, puntualizó la mandataria al referirse al alcance de la cooperación bilateral.

La presidenta reiteró que el modelo actual de seguridad se basa en investigaciones judiciales y en la ejecución de órdenes de aprehensión emitidas por jueces, lo que establece un procedimiento institucional para actuar contra objetivos criminales.