La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la mina ubicada en Concordia, Sonora, se encontraba en fase de exploración y aún no iniciaba producción al momento del ataque contra los trabajadores, por lo que descartó un vínculo directo con operaciones extractivas en curso.

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Precisó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron los detenidos quienes, en su declaración inicial, señalaron haber confundido a los mineros con integrantes de un grupo delictivo, versión que forma parte de las primeras diligencias ministeriales.

Sheinbaum subrayó que esa explicación corresponde exclusivamente a lo declarado por los presuntos responsables, y que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación integral para verificar la veracidad de ese dicho y esclarecer el contexto real de los hechos.

La indagatoria contempla entrevistas con familiares de las víctimas, con otros trabajadores que laboraban en la zona y con representantes del sector minero, con el objetivo de reconstruir las condiciones laborales, los trayectos de las víctimas y la posible existencia de amenazas previas.

La mandataria enfatizó que el Ministerio Público deberá analizar la posible concurrencia de factores externos, entre ellos conflictos territoriales, presencia de grupos armados en la región o presiones relacionadas con actividades económicas, sin descartar ninguna línea de investigación hasta concluir los peritajes y la valoración de testimonios.

Asimismo, indicó que el Gobierno federal brinda acompañamiento a las familias afectadas y revisa la situación contractual y las condiciones de seguridad del proyecto, a fin de descartar omisiones empresariales o incumplimientos en los protocolos de protección.

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Sheinbaum vinculó el caso con la estrategia nacional contra la extorsión, delito que calificó como de alto impacto social, al estar basado en amenazas directas que inhiben la denuncia.

Finalmente, sostuvo que el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía continúan con la integración de la carpeta de investigación, y que cualquier conclusión oficial será emitida una vez agotadas las diligencias ministeriales y los análisis periciales en curso.